La historia de un apostador de un bingo de Bahía Blanca terminó en un fallo judicial inédito. Ganó más $22 millones en una máquina tragamonedas, no recibió el pago y ahora la Justicia ordenó una indemnización de casi el doble.
Esta decisión no solo incluye el monto de lo que había marcado el ticket, sino que además le tendrán que pagar por discriminación, ya que la sala le prohibió la entrada al apostador como represalia por haberlos demandado.
Un juego de azar que no terminó como esperaba
Todo comenzó la madrugada del 13 de agosto de 2022, cuando el hombre estaba jugando en una tragamonedas, donde los premios dependen exclusivamente del azar.
Es un dispositivo de juego en el que se apuesta dinero para conseguir una combinación ganadora de símbolos. En una de esas jugadas, la máquina comenzó a sonar y de repente salieron dos tickets de la ranura: uno por 10 mil pesos y el otro por $22.898.627,80.
En su demanda, el hombre contó que el personal del bingo se negó a pagarle y le dijeron que el segundo ticket había sido un “error de la máquina”. Solo le pagaron los 10 mil pesos y le dijeron que se retire.
El hombre no se quedó con los brazos cruzados y esperó en el lugar hasta que llegó el encargado. En la mañana, los responsables del bingo le ofrecieron primero $125.000 y luego $250.000 para cerrar el asunto, pero él rechazó ambas propuestas y exigió el pago total. Como respuesta, el bingo le prohibió la entrada.
El caso llegó a la Justicia, donde la defensa del bingo argumentó que el ticket millonario era inválido por un supuesto mal funcionamiento y que el premio máximo de la máquina era de $125.000.
Sin embargo, el juez consideró que la empresa no pudo probar ninguna falla concreta y que el riesgo de error en el sistema debía ser asumido por el proveedor, no por el consumidor.
El fallo: indemnización, daño moral y multa por trato discriminatorio
La sentencia del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de Bahía Blanca rechazó los argumentos del bingo y ordenó el pago del premio completo, actualizado por inflación desde la fecha del hecho, más intereses.
Además, el juez reconoció un daño moral de $5 millones por el destrato y la exclusión del cliente, y aplicó una multa de $4,3 millones en concepto de daño punitivo por la prohibición de ingreso, considerada una represalia discriminatoria.
El monto total podría llegar a $40.000.000, ya que la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los intereses se suman al premio original y a las indemnizaciones.
El juez además ordenó el cese inmediato de la prohibición de ingreso para el hombre y cargó las costas del juicio a las empresas demandadas.
