El Gobierno nacional busca abrir una nueva instancia de negociación con las universidades públicas para resolver el conflicto por el financiamiento educativo y avanzar en la aprobación del Presupuesto 2027.
La iniciativa surge luego de las diferencias generadas por la reforma del sistema de Discapacidad y en medio de los reclamos del sector universitario por mayores recursos para garantizar su funcionamiento.
Actualmente, existe una diferencia de aproximadamente $3,3 billones entre los fondos previstos por el Ejecutivo y los solicitados por las universidades. Mientras el proyecto oficial contempla unos $7,7 billones, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que serán necesarios alrededor de $11 billones.
Frente a este escenario, la Casa Rosada analiza dos alternativas: incrementar las partidas presupuestarias hasta alcanzar un punto intermedio o implementar modificaciones en las contribuciones patronales que deben afrontar determinadas instituciones universitarias.
Sin embargo, desde el Ejecutivo remarcan que cualquier acuerdo deberá respetar el equilibrio fiscal, una de las principales condiciones establecidas por el presidente Javier Milei.
La discusión también mantiene abierto un frente judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación continúa generando diferencias entre las autoridades académicas y el Gobierno.
Desde el sector universitario, en tanto, mantienen sus reclamos por la actualización de los salarios y los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones, luego de las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país.
Aunque todavía no existe una propuesta definitiva, el oficialismo pretende avanzar con las conversaciones durante el tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso, con la intención de reducir la conflictividad y alcanzar un entendimiento antes de fin de año.
