El Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamó un fuerte aumento de las tarifas energéticas, un “pedido bomba” de 60% de suba general, que hizo que se empantanaran las negociaciones con el organismo por la reformulación del pago de la deuda.
El pedido del FMI complicó las negociaciones del Gobierno por la deuda de US$44.000 millones con el organismo multilateral, que tal como anticipó TN estaban muy avanzadas.
El staff del FMI planteó que la propuesta de segmentación de subas de tarifas que impulsa el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) “no es consistente”.
El Gobierno apunta a un alza general de 20% en las tarifas que pagan los usuarios, y luego aplicar alzas diferenciales con incrementos de más de 100% para unos 500.000 usuarios de algunos barrios porteños y countries de la provincia de Buenos Aires.
El plan del ENRE contempla además que los beneficiarios de la tarifa social, cualquiera sea su lugar de residencia, sigan bajo ese régimen y no sean afectados por una quita de subsidios.
Entre las políticas a las que se comprometió el Gobierno en el entendimiento con el FMI están la reducción gradual del déficit fiscal, con una meta para este año de 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Para el FMI sería necesaria una fuerte suba del 60% en las tarifas para cumplir con ese objetivo.
El reclamo del FMI al Gobierno de suba de 60% en las tarifas frenó el cierre del acuerdo técnico con el organismo internacional, que estaba muy avanzado y que se preveía que se anunciara esta semana.
Inicialmente el Gobierno iba a enviar el viernes al Congreso el proyecto de acuerdo con el organismo multilateral, pero esto depende de que previamente se haya cerrado el acuerdo técnico.
Siguen las intensas negociaciones del Gobierno con el FMI, después del reclamo del organismo multilateral del aumento de 60% en las tarifas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, busca destrabar los últimos escollos para avanzar hacia un acuerdo.
No se descarta que haya un diálogo entre el Presidente Alberto Fernández y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, una instancia política para tratar de alcanzar consenso.
