En el marco de una nueva movilización federal por el «Ni Una Menos», la Oficina de la Mujer (OM-OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Chubut presentó un radiografía alarmante sobre la violencia de género en la provincia. El informe, que sistematiza los datos recabados entre 2013 y 2025 para el Registro Nacional de Femicidios, echa por tierra mitos urbanos y confirma una realidad estructural: el hogar sigue siendo el espacio más inseguro.
El análisis estadístico demuestra que la violencia machista es transversal y no distingue geografías; golpeó con igual fuerza en ciudades costeras, localidades cordilleranas y pequeños pueblos de la meseta chubutense. En estos 13 años, solo 2015 y 2022 cerraron con el marcador en cero, convirtiéndose en los únicos oasis sin registrar femicidios.
Las víctimas: vidas truncadas y desamparo infantil
El documento oficial busca humanizar las cifras y recuerda que detrás de cada número había «sueños y proyectos». Las víctimas pertenecían a diversos sectores laborales y sociales: estudiantes, amas de casa, comerciantes, empresarias y trabajadoras de la salud y la educación. Entre ellas había integrantes de pueblos originarios, migrantes y personas con discapacidad.
Al desglosar las edades del reporte, el impacto generacional queda en evidencia:
- 68% eran mujeres jóvenes y adultas.
- 16% eran mujeres maduras.
- 8% eran niñas y adolescentes.
- 8% eran adultas mayores.
El drama de la orfandad: Uno de los datos más dolorosos que arroja el relevamiento es el impacto colateral de los crímenes: casi el 70% de las mujeres asesinadas eran madres, dejando a decenas de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad absoluta.
La punta del iceberg: el silencio previo
El informe de la Oficina de la Mujer enciende las alarmas sobre los mecanismos de acceso a la justicia. Apenas el 22% de las víctimas había logrado radicar una denuncia formal contra su agresor antes del desenlace fatal.
Del 78% restante que nunca acudió a la policía o a la justicia, los investigadores detectaron que al menos una cuarta parte (22%) sufría situaciones de violencia previas en el ámbito privado. Desde el organismo judicial fueron categóricos al advertir que lo judicializado es solo «la punta del iceberg de las violencias silenciadas».
