El secretario de Gobierno y Relaciones Comunitarias, Jorge Echelini señaló que la justicia ordenó el desalojo de unas 40 ocupaciones que se encuentran a la veda del Cerro Hermite en km3, en el sector que está por encima de Ameghino Viejo. Desde el Municipio se acompañó a oficiales de la Justicia, para verificarla situación de cada familia y notificar la resolución del juez.
La orden judicial de desalojo alcanza las ocupaciones de quienes se situaron a la veda del Cerro Hermite. Se trata de un grupo de cerca de cuarenta ocupantes, donde se han registrado quince casas en construcción y varios asentamientos que acreditan condiciones mínimas de habitabilidad.
“Ante esta situación, en vez de emplear la fuerza para el desalojo, se empleó una vía intermedia, acompañando al oficial de justicia a fin de emplazar a cada ocupante al desalojo, verificar la situación social de cada uno de ellos y el nivel de emergencia habitacional en que se encuentran. Desde el Estado, vamos a ayudar y asistir a quienes estén en situación real de emergencia habitacional, y vamos a ir fuertemente contra quienes estén ocupando con otros fines”, señaló Echelini.
Actualmente, oficiales de justicia junto a personal municipal de Asesoría Letrada y Tierras, se encuentran notificando a cada ocupante acerca de la existencia de la orden de desalojo. A su vez, el Estado también está haciendo un relevamiento de las necesidades de quienes están ocupando, para brindarles soluciones a aquellos que tienen una concreta y real necesidad habitacional.
Previo a la resolución judicial, el funcionario indicó que en este lugar, ya se había actuado tres veces ingresando con maquinaria procediendo a levantar las mejoras. “Ahora, contamos con la orden de desalojo dictada por el juez, y prontamente esperamos avanzar con otra ocupación que se encuentra ubicada por encima de Sismográfica”, dijo Jorge Echelini.
Medidas a nivel nacional contra las ocupaciones
Por otro lado, el secretario Echelini manifestó la posibilidad de adherir a las medidas adoptadas por el Gobierno a partir de las ocupaciones que se produjeron en Villa Soldati, de Capital Federal, ya que se podrían aplicar en la ciudad.
La primera de las medidas de acción refiere a que aquellos ocupantes que reciban algún tipo de beneficio social otorgado por el Estado, a nivel municipal, provincial o nacional, serán notificados de que en caso de no cumplir con el desalojo, correran riesgo de no seguir percibiendo tales beneficios.
En segundo lugar, para aquellos ocupantes que registren empleo, se procederá a notificar a sus empleadores la situación de ocupación ilegal, violentando normas con vigencia en la ciudad y de orden comunitario a fin de que se considere dicho antecedente a los fines del trabajo.
Aquellos que registren propiedades, serán notificados en su propiedad de la falta que están cometiendo y deberán asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios que cometen al erosionar tierras y habitar lugares que no están habilitados para eso, sin perjuicio de aquella derivada de la acción ilegítima de la ocupación de tierra fiscal.
“El Municipio acompaña a quien lo necesita”. Sostuvo el secretario de Gobierno y Relaciones Comunitarias, y agregó que “el Estado no disfruta haciendo desalojos ni avanzando contra la gente. La idea es que a aquél que realmente tiene una necesidad, el Estado lo acompañe y marque presencia, aunando esfuerzos para ello. Este no es un Estado inactivo, en Comodoro, hace seis años que convivimos con este problema y siempre trabajamos para palearlo a través de una política de previsión. De hecho, invitaría a la gente para que vaya a la fracción 14 y 15 para ver el movimiento de tierra que se ha hecho y está haciendo para poder urbanizar todo un sector de la ciudad, y disponer de nuevos lotes”.
Asimismo, respecto de las dirigencias sociales que incentivan a las ocupaciones, Echelini les pidió que “tengan la conciencia de que la gente no se puede ubicar en cualquier lado a riesgo de su propia vida sino, no son representantes sociales, porque cuando se trabaja para la gente, también trabaja para la seguridad de la gente. Y ponerlo al lado de un gasoducto, o bajo tendido de líneas eléctricas, o un lugar del cerro inestable que se puede caer, o hay salinización, es realmente empeorar las condiciones de vida. Como Estado estamos ofreciendo una gran cantidad de lotes y trabajando para que la gente con necesidad habitacional pueda acceder a su tierra”.
