La Cámara de Diputados debate un proyecto de ley que unifica las siete iniciativas presentadas para poner límite al beneficio del que la Corte Suprema otorgó el miércoles pasado a un represor condenado por delitos de lesa humanidad, y que derivó en una catarata de pedidos de otros condenados por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Tras el cierre de las exposiciones, los bloques solicitarán un cuarto intermedio para firmar la redacción del proyecto unificad, según adelantó el presidente del bloque del FpV, Héctor Recalde. El bloque del Frente de Izquierda pidió votar también sobre tablas los pedidos de juicio político presentados contra los tres jueces de la Corte que firmaron el fallo de mayoría.
El proyecto unificado que votarán los diputados reúne las iniciativas presentadas por Victoria Donda (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Pablo Tonelli, Daniel Lipovtezky (Pro), Carlotto y Héctor Recalde (FpV-PJ). El texto acordado modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 —derogada en 2001— para especificar que «no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según derechos interno o internacional», según el texto acordado este noche al que tuvo acceso PáginaI12.
El primer artículo del proyecto subraya que la modificación se realiza «de conformidad con lo previsto en la ley 27.156», votada en julio de 2015, a pesar de los dichos de la diputada Elisa Carrió, quien justificó el fallo de mayoría de la Corte aduciendo «omisión legislativa».
Además, el texto acordado avanza en el segundo artículo sobre la aplicación para los delitos comunes y señala: «solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley». En el tercer artículo, los legisladores resaltan: «lo dispuesto por los artículos anteriores es la interpretación auténtica del artículo 7 de la Ley 24.390».
«Nos enfrentamos ante el fallo vergonzoso de la Corte Suprema», abrió el debate el diputado del Frente para la Victoria (FpV) Remo Carlotto, hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. «Madres de la Plaza, el pueblo las abraza», se escuchó en el recinto tras el pedido de «un minuto de aplausos» hecho por la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) por la presencia de Madres y Abuelas en el recinto.
«No podemos dejar de ver que este pronunciamiento va en contra de los pronunciamientos de los últimos 12 años de la propia Corte, y forma parte del contexto político que está viviendo la Argentina desde la asunción del gobierno en diciembre de 2015», subrayó Carlotto en el inicio del debate. «Garanticemos en la Argentina el definitivo ‘Nunca Más'».
«Lo que discutimos hoy tiene nombres, apellidos y caras. Acaba de ingresar Estela Carlotto al recinto, están las Madres de Plaza de Mayo, están los pañuelos», inició su intervención Donda, nieta recuperada, nacida en la ESMA. «Si en el 2003 se abrieron los juicios fue porque desde la declaración de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no hubo un solo día en que este pueblo dejara de reclamar por Memoria, Verdad y Justicia», recordó la diputada, militante de HIJOS en aquellos años.
Donda subrayó que el beneficio del 2 x 1 para el represor Luis Muiña ocurrió por el voto de los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. «Un fallo que pasará a la historia como uno de los más vergonzantes y aberrante de su historia».
Por su parte, el diputado del PRO Pablo Tonelli se encargó de diferenciar la postura de su bloque de las críticas al fallo mayoritario del máximo tribunal y sostuvo que «el problema no está en la Corte sino en la ley 24.390, que la Corte no tuvo más remedios que aplicarle». La respuesta llegó rápidamente desde la banca del titular del FpV, quien coincidió en celebrar las coincidencias para lograr un proyecto unificado, pero advirtió: «Sí disentimos con el fallo de la Corte, porque no tiene sentido, porque no se cuadra con las leyes vigentes y muestra una intencionalidad política de querer dar marcha atrás en materia de derechos humanos».
Recalde agregó que la intención de los jueces Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz no fue la de «dictar sentencia en un caso concreto sino dar lugar a una doctrina» y señaló también al Poder Ejecutivo: «La verdadera interpretación del Gobierno la dio el secretario de Derechos Humanos, cuando dijo que estaba de acuerdo con el fallo y luego se retractó».
La encargada de extender el argumento del bloque Cambiemos fue la aliada Elisa Carrió, quien antes de justificar el fallo de la mayoría, admitió que hubiese votado en minoría como el juez Juan Carlos Maqueda. «El fallo desde el positivismo liberal y penal es correcto», sostuvo Carrió y destacó el «dilema moral» planteado en el fallo de Rosatti para argumentar que no había legislación que le indicara no aplicar la ley más benigna sobre el represor Muiña. «El problema ha sido que la ley que vamos a sancionar ahora, no se sancionó durante 12 años», indicó Carrió buscando responsabilizar al gobierno kirchnerista.
Los argumentos de Carrió fueron rebatidos en primer lugar por el extitular de la Comisión de Derechos Humanos Remo Carlotto, luego de ser interpelado por la aliada de Cambiemos durante su exposición, y también por su compañero de bancada, Juan Cabandié, hijo de detenidos-desaparecidos. Ambos legisladores recordaron la sanción en julio de 2015 de la Ley 27.156, que impide la amnistía o condenación de penas para delitos de lesa humanidad. «Fue considerada una ley que sobreabundaba», subrayó Carlotto ante las acusaciones de Carrió.
«Nos acusa de no hacer nada cuando fuimos gobierno. Yo me preguntó por qué no lo hizo ella en 20 años que lleva como legisladora», insistió Cabandié y agregó: «No me olvido que cuando se votaron, en 2003, la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el radicalismo se abstuvo».
Carlotto también respondió al llamado de Carrió por «humanismo» para los represores, a quienes mencionó como «hombres de 90 años», y a las referencias a una supuesta venganza en la búsqueda de justicia. «De qué venganza están hablando, hace 40 años estamos esperando que se cumpla con la Justicia en la Argentina, que rindan cuentas los que cometieron los crímenes más aberrantes y sus cómplices. Militares y civiles. Nosotros sabemos quién fue el ejecutor material de mi hermana y nunca se nos ocurrió buscar a esa persona. Lo único que demandamos es que el Estado democrático repare lo que hizo el Estado terrorista».
En su intervención, Pitrola mocionó votar sobre tablas el pedido de juicio político para Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz y lo consideró «la gran contribución que tenemos que hacer desde el Legislativo a la movilización de mañana». «Si mañana somos un millón de argentinos vamos a abrir la derrota de esta Corte Suprema, de esta operación de Estado», sentenció el diputados del Frente de Izquierda.
