En la antesala de una audiencia clave en el marco de la investigación por el homicidio de Nino Villarroel, el fiscal general Facundo Oribones confirmó que mañana se llevará a cabo la revisión de la prisión preventiva del único imputado en la causa, quien permanece detenido desde el pasado mes de marzo.
En diálogo con El Comodorense Radio, el representante del Ministerio Público Fiscal brindó detalles sobre el avance del expediente y confirmó que el debate ya tiene fecha estipulada para el próximo 22 de diciembre. Durante esa instancia, las partes discutirán la evidencia recolectada a lo largo de la pesquisa y se evaluarán eventuales planteos que pueda presentar la defensa.
Respecto a la modalidad en la que se resolverá el proceso, Oribones aclaró que la postura oficial es avanzar hacia el debate tradicional, aunque dejó abierta una mínima ventana.
“Desde la Fiscalía, en principio, tenemos la intención de realizar el juicio oral y público. No ha sido un acuerdo de juicio abreviado”, explicó el funcionario, y agregó: “Salvo que surja alguna circunstancia específica o que haya algún pedido por parte del hermano de Nino de realizar un acuerdo abreviado”.
Al ser consultado sobre el encuadre legal del caso y las expectativas de pena, el fiscal señaló que los elementos reunidos llevaron a los investigadores a escoger una figura penal específica, aunque remarcó que la última palabra la tendrá el tribunal ciudadano. “Sabemos que el jurado es finalmente el que decide. Tiene de base la absolución y como techo la calificación propuesta por la Fiscalía; en el medio hay un montón de delitos menores incluidos”, precisó.
Por otra parte, Oribones echó por tierra las versiones que indicaban la posible intervención de un cómplice al momento del crimen. Según indicó, esa línea investigativa fue agotada en los primeros tramos de la causa sin resultados positivos: “Eso está descartado prácticamente desde el inicio”.
Finalmente, el fiscal se refirió al trasfondo del homicidio y al vínculo previo entre la víctima y el acusado. Si bien aclaró que la ley no exige probar las motivaciones internas para lograr una condena, aseguró que el móvil financiero aparece como el detonante principal del ataque.
