Este viernes por la mañana, en un fallo histórico, condenaron al Estado argentino por “responsabilidad y falta de investigación” en el atentado a la AMIA.
Así lo decidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos al comunicar su sentencia este viernes por la mañana. Cabe recordar que el atentado a la sede de la AMIA sucedió el 18 de julio de 1994 y tuvo 85 víctimas fatales.
En este marco, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández, informó a las partes involucradas sobre la sentencia emitida en relación a un caso en el que Argentina reconoció su total responsabilidad. A pesar de este reconocimiento, el tribunal internacional procedió a dictar la sentencia correspondiente y ordenó la implementación de medidas de reparación pertinentes.
En el fallo emitido, señalaron que “el Estado conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y que no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo”.
“El Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región. Estas faltas a la debida diligencia implicaron, por una parte, un mal manejo del material probatorio y la escena del hecho y, por otra parte, una conducción deficiente del desarrollo de la investigación”, agregaron.
Además, indicaron que “se comprobaron una serie de maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a los verdaderos autores, los cuales, a la fecha, no han podido ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados”. Asimismo, los jueces de la corte ordenaron “remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad total en este caso e iniciar, continuar, impulsar o reabrir las investigaciones que sean necesarias”.
De esta manera, el Estado es responsable por violaciones a una serie de derechos fundamentales, entre los que se destacan: el derecho a la vida, a la integridad personal, al principio de igualdad y no discriminación, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales, al acceso a la información, al derecho a conocer la verdad, y a la integridad psíquica y moral de las víctimas y sus familiares.
