La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió que la causa “Propofest” contra el anestesiólogo Hernán Roberto Boveri y médica residente del Hospital Italiano, Delfina “Fini” Lanusse, por presunta administración fraudulenta de propofol, debe regresar al juzgado de instrucción.
El tribunal consideró que la investigación se cerró de manera prematura, ya que todavía falta analizar los celulares de los imputados, una prueba que podría modificar la responsabilidad de cada uno en el presunto robo de medicamentos para fiestas clandestinas.
La resolución, firmada por el juez de Casación Nicolás Grappasonno, dejó sin efecto una decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 que había rechazado el pedido de la fiscalía para completar determinadas medidas probatorias. De esta manera, el expediente deberá continuar en esa instancia antes de avanzar hacia el debate oral.
Los celulares, una prueba que podría cambiar la causa
El conflicto judicial se originó a partir de la negativa del juez de instrucción a postergar el cierre de la investigación hasta que se concretara la apertura y el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados a los imputados.
Boveri, médico de planta del servicio de anestesiología del Hospital Italiano, y Lanusse, residente de tercer año de la misma especialidad, fueron procesados el 10 de abril por el delito de defraudación por administración fraudulenta. Al primero se le atribuyó la calidad de autor, mientras que a la segunda se la consideró partícipe necesaria.
La hipótesis investigada sostiene que ambos habrían perjudicado los intereses del Hospital Italiano vinculados con la administración, custodia y utilización del anestésico propofol, además de otros insumos médicos empleados para su preparación y administración. Según la imputación, esos elementos habrían sido “desviados de su destino legítimo para ser utilizados en beneficio propio”.
Los procesamientos fueron confirmados por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Sin embargo, desde aquella instancia se había advertido que la investigación debía continuar profundizándose, particularmente en lo referido al análisis de los dispositivos electrónicos.
La fiscalía consideró que el contenido de los teléfonos podía aportar información sustancial para reconstruir la maniobra, establecer la dinámica de los hechos y precisar el grado de intervención de cada uno de los acusados.
Incluso, el Ministerio Público Fiscal había solicitado un informe detallado al Hospital Italiano sobre las intervenciones quirúrgicas, procedimientos anestésicos y sedaciones en las que hubieran participado Boveri y Lanusse entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de febrero de 2026, cuando se hubiera registrado la utilización de dos o más ampollas de propofol.
El juez de instrucción rechazó esas medidas y consideró que la investigación estaba suficientemente agotada. Sostuvo que los resultados de los peritajes podrían incorporarse eventualmente durante el juicio y que, si aparecían hechos diferentes, podrían iniciarse nuevas investigaciones.
La fiscalía, en cambio, entendió que esa alternativa no resultaba adecuada, porque los elementos pendientes podían modificar la acusación antes de que comenzara el debate.
Una elevación a juicio que Casación consideró prematura
El expediente fue elevado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, pero la fiscalía volvió a plantear la necesidad de que regresara a la etapa de instrucción.
La representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que el análisis de los celulares no podía considerarse una prueba secundaria. También señaló que la causa se encontraba vinculada jurídicamente con otras investigaciones, entre ellas la que busca determinar las circunstancias de la muerte del médico Alejandro Zalazar y el expediente contra la anestesióloga Chantal Leclercq por presunto robo de propofol y otras sustancias en el Hospital Rivadavia.
El juzgado de instrucción aceptó parcialmente la devolución del expediente únicamente respecto de Lanusse, mientras que dispuso que la causa continuara su trámite en el tribunal oral en relación con Boveri.
Esa diferencia de criterio derivó en un conflicto de competencia que finalmente llegó a Casación, que también determinó que no hay suficientes elementos para involucrar a Leclerq por el momento.
Qué dijo Casación
Al analizar el expediente, Grappasonno sostuvo que la prueba pendiente resultaba útil y pertinente para la investigación y que sus posibles consecuencias excedían las facultades propias de la instrucción suplementaria que puede desarrollarse durante la etapa de juicio.
El magistrado advirtió que el análisis de los teléfonos podía no solamente fortalecer la hipótesis acusatoria, sino también “modificar la plataforma fáctica de la imputación”.
En uno de los puntos de la resolución, Casación remarcó que “la diligencia pendiente podía tener incidencia directa en la determinación de los hechos que conformarían la acusación”.
Por ese motivo, consideró que el juzgado de instrucción no había evaluado adecuadamente el impacto que podía tener la prueba al momento de decidir el cierre de la investigación.
La Cámara también destacó que, cualquiera fuera el resultado del peritaje, este tendría necesariamente incidencia en el requerimiento de elevación a juicio.
Finalmente, resolvió anular la decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 del 17 de julio y todos los actos dictados en consecuencia. Además, declaró que ese juzgado deberá continuar conociendo en la causa.
