El fiscal Martín Cárcamo, habló sobre la causa que tiene como principal imputada a Vanesa Fita por haber estafado a más de 500 personas con la promesa de acceder a una vivienda.
En este sentido, señaló que “en el transcurso de esta semana se culminó con la formulación de la acusación pública en el caso fiscal 133.162, caratulado el Lattanzio Omar Luis sobre denuncia estafa”.
“De esta forma se formuló en los términos del artículo 291 la acusación formal para Vanesa Elizabeth Fita, Lucía Lorena Miranda, Gisela Belén Mansilla, María Victoria Curán y Lara Camila Páez, que fueron las personas sobre las cuales se había autorizado la investigación penal preparatoria”, dijo.
Asimismo, aclaró: “En concreto, el Ministerio Público Fiscal ha podido acreditar que entre el mes de abril del 2023 y el mes de febrero del año 2024, la imputada Vanesa Elisabeth Fita, simulando ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de viviendas y de un grupo de personas, fingiendo trascendentes vinculaciones con funcionarios públicos provinciales -aprovechándose de la necesidad habitacional imperante en la ciudad-, ofreció a un grupo de personas la adjudicación o adquisición de casas del Instituto Provincial de la Vivienda, sin contar con los recursos materiales suficientes y la autorización legal que la amparara”.
“En concreto, esa maniobra perjudicó a aproximadamente 594 personas, el hecho consistió básicamente en exigirle a los eventuales interesados la entrega de una suma de 100.000 pesos de manera inicial y luego el pago de las cuotas al Instituto Provincial de la Vivienda”, afirmó.
En este marco, destacó: “Luego de que estas personas efectuaran esa contraprestación dineraria, eran ingresadas a diferentes grupos de WhatsApp y luego, desde allí, se les iba suministrando información, manteniendo vigente el engaño durante todo el tiempo que duró la maniobra, con la promesa de llevar adelante las futuras entregas de las viviendas”.
“En esos términos, el Ministerio Público pudo verificar a través de las diferentes cuentas bancarias y billeteras que se han podido peritar una erogación superior a los 60 millones de pesos, y una afectación a 594 personas”, aseveró.
“Se ha reunido evidencia suficiente gracias a las 80 denuncias de estas 594 personas damnificadas que describieron cómo fue la maniobra, las comunicaciones que se mantenían a través de los grupos de WhatsApp y las reuniones informativas que se iban llevando al solo efecto, de mantener vigente el engaño”, expresó.
A su vez, el fiscal reconoció: “Para que puedan darse una idea, el volumen total de información bancaria que ha sido digitalizada a los efectos de la presentación comprenden unos 700 gigabytes”.
“Se ha requerido y se ha autorizado durante la investigación el levantamiento del secreto fiscal para las personas sospechadas. También se extrajo gran cantidad de información de los teléfonos que fueron secuestrados en los diversos allanamientos a las personas involucradas”, resaltó.
“Se ha requerido también información al Instituto Provincial de la Vivienda, vinculada con estas personas denunciadas y cuál era su situación en el IPV”, enfatizó.
“Se descartó que haya funcionarios involucrados en la maniobra, por lo que en base a la evidencia reunida, se pudo detectar unas 400 maniobras acreditadas en su totalidad, es decir, con comprobantes de depósitos y transferencias bancarias cotejados con los ingresos que se verificaron en las diferentes cuentas bancarias y billeteras virtuales”, explicó.
“También se pudo determinar que efectivamente la señora Vanesa Fita como las restantes consortes de causa no contaban con la capacidad económica para llevar adelante ese emprendimiento. En concreto -de acuerdo a la información suministrada por ARCA- en el periodo de sospecha estas mujeres no desempeñaban actividades económicas -al menos en la economía formal- y naturalmente esto contrastado con las sumas importantes de dinero que traficaron por esas cuentas, refuerza la hipótesis de que efectivamente estos dineros eran provenientes de esa maniobra fraudatoria”, detalló.
“En este caso en función a la imputación y como fue autorizado por parte del juez interviniente, hemos requerido la realización de un juicio por jurados para dilucidar las responsabilidades penales de estas personas. En adelante lo que quedará llevar adelante ese control de la acusación fiscal y luego resolverse la situación procesal de las personas acusadas”, confirmó.
“Ahora en principio lo que corresponde es que se corra traslado de la acusación a las defensas, que se designe el juez que intervendrá en la audiencia intermedia y posteriormente en el juicio por jurados, y luego de eso recién corresponderá la fijación de un juicio por jurados”, ratificó.
“Las imputaciones como ya lo había señalado, consisten en para la señora Vanesa Fita, estafa por calidad simulada de influencia mentida, al menos en 594 hechos en concurso real en calidad de autor, para la señora Lucía Lorena Miranda, idéntica calificación legal, solo que lo hemos acreditado en 130 hechos, para la señora Gisela Belén Mansilla en al menos 4 hechos, para la señora Lara Camila Páez en al menos 300 hechos, y para la señora María Victoria Curán en al menos 400 hechos, todas ellas en calidad de partícipe necesario, es decir, que han brindado una colaboración necesaria o indispensable para que esta maniobra defraudatoria se lleve del modo en el que se llevó a cabo”, proclamó.
“La única autora de la maniobra defraudatoria es la señora Fita”, aclaró.
“El Ministerio Público Fiscal entiende que al menos para el caso de Fita y las personas que tienen una mayor trascendencia en la imputación, habrá de corresponderle penas de cumplimiento efectivo, solo hay un caso en el que eventualmente podría resolverse su situación procesal de una manera distinta”, indicó.
Finalmente, Cárcamo concluyó: “Si se llegará a determinar la responsabilidad penal, quedará emergente la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios, la investigación pudo determinar casi desde el principio es que estas sumas de dinero, tan pronto como fueron ingresadas a estas cuentas bancarias, inmediatamente fueron distribuidas. En la actualidad las imputadas no tienen solvencia económica para afrontar estas circunstancias. Solo como dato: para cuando el Ministerio Público Fiscal requirió inicialmente información de estos 60 millones, solo quedaba disponible menos de 100.000 pesos”.
