Allanaban dos viviendas oficiales cuando hubo un confuso operativo en la casa de un funcionario de Fiscalía. Una vivienda en Playa Unión y una casa oficial en Rawson fueron allanadas ayer. Secuestraron gran cantidad de documentación por la causa El Embrujo. Miquelarena pedirá peritos a la Procuración Nacional por lo abultado de las pruebas. En el Ministerio Público Fiscal descreen que se trate de un error.
“Estamos anonadados por el cúmulo de documentación secuestrada”, dijo a El Chubut uno de los funcionarios judiciales que participó de los allanamientos de ayer. Frente a la gran cantidad de prueba secuestrada en los distintos operativos, el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, adelantó a este medio que solicitará ayuda a la Procuración General de la Nación para que envíe peritos especializados y más personal para poder agilizar el análisis de toda la información.
El primero de los allanamientos de ayer se realizó en Belgrano 776 de Rawson. Se trata de una dependencia oficial perteneciente al Ministerio de Coordinación de Gabinete. Pero el procedimiento que habría resultado más provechoso para la causa por asociación ilícita, habría sido el que se hizo en Lezana 1014 de Playa Unión, a una cuadra de la costa y que también sería alquilada por un Ministerio, pero que sería utilizada por algunos de los imputados para determinadas reuniones.
Ambos procedimientos fueron encabezados por los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, y también estuvo presente el Procurador Miquelarena.
Llamativa confusión
Mientras se desarrollaba uno de los procedimientos como parte de la Causa Correa, el fiscal Williams recibió el llamado de su esposa informándolo sobre un allanamiento que se estaba por realizar en su vivienda particular en Puerto Madryn, hacia donde partió raudamente.
El allanamiento no se llegó a concretar por personal policial al advertir que había una ‘confusión’. Según relataron fuentes judiciales a ese matutino, el fiscal Arnaldo Maza pidió el allanamiento al juez César Zaratiegui, quien también ordenó suspender el procedimiento vinculado con el robo de una computadora registrado en Trelew en enero pero denunciado esta semana. La información con la que contaban los investigadores marcaban ese domicilio en Puerto Madryn como el del sospechoso, quien no vive allí desde hace más de dos décadas.
El fiscal Daniel Báez estuvo en el lugar y afirmó que investigará esa llamativa confusión. Quien también estaba indignado con lo acontecido era el Procurador Miquelarena. A ninguno de ellos escapó que resulta sugerente que uno de los fiscales que investiga un resonante caso de corrupción, haya sido víctima de esta equivocación.
