El letrado calificó el hecho como un homicidio agravado por alevosía y arremetió contra el sistema judicial, asegurando que el menor fue víctima de una «restitución» forzada basada en falsas denuncias y un sesgo ideológico que ignoró el bienestar del niño.
La llegada del Dr. Roberto Castillo y Cinthia Fernández a la ciudad marcó un punto de inflexión en la causa que investiga la muerte de Ángel López, el niño de 4 años que falleció tras ser restituido a su progenitora. Tras confirmarse la detención de la madre y el padrastro, la querella se prepara para pedir la pena máxima bajo una acusación contundente: homicidio agravado con alevosía.
«Son dos asesinos, tienen que estar detenidos y recibir una cadena perpetua», sentenció Castillo al llegar a la Fiscalía. El abogado confirmó haber accedido al informe forense, el cual describe un contexto de violencia extrema: «Ángel estuvo sometido a violencia; la madre es coautora y Michael habría producido las lesiones directas».
Denuncia contra el sistema judicial
El foco de la querella no se limita a los autores materiales. Castillo fue lapidario al analizar el rol del Juzgado de Familia que intervino previamente: «Si el juez no fuera juez, sería un partícipe necesario de este delito, porque sin esa firma, Ángel estaría entre nosotros». Según el letrado, existieron negligencias graves por parte de auxiliares de la justicia y psicólogos que no supieron interpretar el vínculo del menor con su familia de crianza.
Castillo explicó que la restitución se logró mediante un sistema de «falsas denuncias» interpuestas por la madre biológica: «Ella denunció a Luis y a Lorena porque no se habían presentado a una diligencia, y ese fue motivo suficiente para que le quiten el cuidado exclusivo a Lorena y se lo den a la asesina». Además, aclaró un punto crucial sobre la identidad del niño: «El juez alega que Ángel dijo ‘quiero quedarme con mi mami’, pero su ‘mami’ para Ángel era Lorena, a la otra mujer no la conocía».
