El juez federal Ariel Lijo dispuso finalmente este lunes los puntos que deberá contemplar el “informe técnico” que había anunciado hace casi tres meses, para determinar si el frustrado acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia del Presidente Mauricio Macri, pudo haber causado un perjuicio patrimonial al erario.
Lo hizo en el marco de la causa penal que se instruye contra funcionarios del gobierno, entre ellos el ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, quien fue indagado en abril pasado y aún tiene pendiente la resolución de su situación procesal.
Lijo busca determinar si la propuesta de acuerdo entre las partes, en el marco de la causa que tramita ante el fueron comercial y que contemplaba una quita de más del 98% a favor de la empresa, fue «abusiva» contra el Estado.
Ese acuerdo se frustró gracias a que la fiscal de Cámara, Gabriela Boquín, advirtió el eventual perjuicio y presentó un recurso que destapó la situación.
Mauricio Macri, quien está excusado de intervenir en el caso y delegó funciones en la vicepresidenta, Gabriela Michetti, quien ordenó en ese momento volver todo a “fojas cero” y desde entonces el acuerdo permanece empantanado.
Ahora, Lijo decidió –después de un período abierto a consultas con todas las partes- los puntos periciales del informe, que había sido anunciado el 9 de septiembre pasado, tal como informó oportunamente Urgente24.
La realización del informe llevará a tener los números exactos de la deuda de la empresa y el acuerdo que había alcanzado con el Estado, para determinar si la quita fue abusiva, como determinó la fiscal Boquín.
El informe apunta a comparar el valor del crédito del estado nacional con el valor de la propuesta formulada por Correo Argentino y aceptada por los representantes del Estado Nacional, en el marco de una audiencia de junio de 2016, «a efectos de determinar si existe una quita, y en su caso, estimar su cuantía», según dice la orden del juez Lijo.
El magistrado ordenó el informe a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, en el que se describen los distintos puntos que se deberán analizar.
Según fuentes judiciales, el juez pidió al organismo que “se deberán describir las propuestas concordatorias efectuadas por la concursada al Estado con anterioridad al 28 de junio de 2016 en la causa del concurso que tramita ante el fuero comercial, «teniendo especialmente en cuenta el crédito verificado, capital, número de cuotas, tiempos de espera –si los hubiera- e interés fijados en cada una de ellas».
Además, «se deberán analizar particularmente las propuestas concordatorias efectuadas por la concursada al Estado Nacional en la audiencia del 28 de junio de 2016″ en la causa que tramita el concurso preventivo en el fuero comercial “teniendo especialmente en cuenta el crédito verificado, capital, numero de cuotas, tiempos de espera –si los hubiera- e interés fijados en cada una de ellas. Posteriormente se deberá realizar una comparación entre ambas».
Entre los puntos se deberá informar “el valor del crédito verificado” por el Estado Nacional en la causa del concurso preventivo del Correo que tramita en el fuero comercial.
«Se deberá informar los parámetros que deberían utilizarse a efectos de calcular los intereses que hubiese devengado dicho crédito hasta la fecha de celebración de la audiencia del 28 de junio de 2016”, prosigue el juez.
«Se deberá analizar el efecto de la presentación en concurso preventivo de la firma Correo Argentino sobre los intereses de los créditos adeudados por el deudor concursado que fueron verificados y/ o declarados admisibles en el expediente donde tramita el concurso. A tal fin se deberá tener en cuenta la normativa legal y la jurisprudencia”, indica la orden de Lijo.
A mediados de agosto, la sala II de la Cámara Federal avaló la continuidad de la causa al rechazar los planteos de nulidad de los acusados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, presidente y abogado de Correo, y también del ministro de Defensa y ex de Comunicaciones, Oscar Aguad, imputados en el caso.
Todos fueron indagados, pero el juez aún no resolvió sus situaciones procesales. Por esa demora, Lijo fue denunciado por presunto «encubrimiento».
