Ocho de cada diez jubilaciones dadas de alta en 2023 por la Anses requirieron de un plan de moratoria. Concretamente, de las 488.490 nuevas prestaciones, 396.330 (81,1%) fueron para personas que no acumularon los 30 años de aportes que exige la ley para acceder al beneficio. Los datos surgen del boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social. Y son un reflejo de la crisis social y laboral que sufre la Argentina de manera persistente, a la vez que un fuerte signo de alerta respecto de la sostenibilidad del régimen previsional, cuyo gasto tuvo en el período un ajuste significativo.
De hecho, actualmente, más de un tercio de los asalariados no tiene contribuciones al sistema y, si se considera al total de los ocupados (empleados y cuentapropistas), el índice de informalidad ronda el 50%, de acuerdo con un análisis de los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. El sistema jubilatorio, en tanto, es rígido en cuanto al requisito del tiempo de contribuciones, y la normativa no prevé otorgar prestaciones proporcionales para quienes aportaron, pero no reúnen el período mínimo de 30 años.
El número total de altas tuvo en 2023, a su vez, un incremento de 33% en comparación con el de 2022. Eso es un efecto de la vigencia de la ley 27.705, aprobada y puesta en marcha el año pasado. En 2022, la participación de los casos con moratoria sobre el total de las altas había sido de 65%, mientras que en el período de 2017 a 2021 el índice se movió entre el 54% y el 68%. Desde 2010, según la estadística oficial, la mayoría de quienes ingresaron al sistema lo hicieron sin haber reunido 30 años de aportes. El año con mayor participación de los casos con moratorias fue 2015 (también electoral, como 2023), con una incidencia que alcanzó el 87%.
Compra de aportes
La ley más reciente, llamada “de pago de deuda previsional” creó un mecanismo de compra de aportes jubilatorios correspondientes a períodos previos a 2009, para que quienes tengan la edad jubilatoria, o la cumplan antes del 24 de marzo de 2025, puedan acceder a una prestación aunque no hayan reunido los requisitos.
Cada mes de aporte que es posible adquirir tiene un precio actualizable, que hoy es de $10.325. En la mayoría de los casos no se paga de manera efectiva la deuda que se declara tener con el Estado, sino que la persona comienza a percibir los haberes, y de esos ingresos se hacen descuentos mensuales hasta quedar saldado lo declarado como deuda, cuyo valor se reajusta trimestralmente siguiendo el índice de movilidad previsional.
De las jubilaciones que están en curso de pago, el 66% dependió de una moratoria: se trata de 3.469.334 casos. Entre las pensiones la incidencia es de 30%, con 478.419 beneficios (de las altas de estas prestaciones en 2023, el 46% fue con planes de regularización). Así, del conjunto de prestaciones de ambos tipos, que suman 6.852.539 (según el dato oficial de las que no tienen el pago suspendido), el 57,6% requirió de un plan de regularización, por falta de aportes durante la vida laboral.
En parte, las altas registradas en el sistema contributivo durante 2023 respondieron a casos de quienes cobraban la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pasaron a una prestación del sistema contributivo tras adherir a la nueva moratoria. En diciembre de 2023 hubo 232.720 beneficiarios que cobraron esta prestación no contributiva, mientras que el año había comenzado con 283.978 casos (una caída de 18%).
La PUAM fue creada por ley en 2016, tiene un monto equivalente al 80% del haber mínimo (hoy, $84.570, a los que se suma el bono de $55.000) y no requiere de aportes para acceder. El requisito de edad mínima, de 65 años, es igual para varones y mujeres, a diferencia de lo que ocurre en el régimen contributivo general, en el cual las mujeres se jubilan con al menos 60 años y los varones, con 65.
La prestación sin aportes, que en un inicio habilitaba un muy amplio acceso y luego fue limitada en función de la situación socio económica de las personas, surgió con la intención de que con el tiempo reemplazara totalmente a las moratorias. Durante el gobierno de Alberto Fernández, sin embargo, se aprobó otro plan para el acceso a las jubilaciones y pensiones por la vía de las excepciones, mientras que no se consideraron propuestas -recomendadas por varios expertos- para modificar la PUAM y establecer que, por ejemplo, se prevean prestaciones de montos proporcionales según la cantidad de contribuciones hechas.
Señales de alerta y un gasto ajustado
Además de reflejar la precariedad en la que se mueve gran parte de los trabajadores, los datos que muestran que son más quienes se jubilan con moratoria que quienes no la necesitan son una señal de alerta respecto de los riesgos para la sostenibilidad de los pagos del sistema. Desde su surgimiento en la primera época del kirchnerismo, los planes no tuvieron de manera oficial estudios sobre sus costos a diferentes plazos, ni previsiones para su financiamiento.
De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), aun con la mayor cantidad de altas y con los bonos para quienes tienen ingresos más bajos, el monto asignado por el Estado a las jubilaciones y pensiones de la Anses cayó un 7,4% interanual en 2023 si se lo mide en términos reales (corregidos los números por inflación). Es decir, se hizo un ajuste que, por el lado de los bolsillos, se reflejó en caídas de entre el 14,2% y el 37,4% del poder de compra de los ingresos.
De las 5.811.099 personas que reciben prestaciones previsionales del sistema general de la Anses, 3.806.338 (65,5%) tienen algún beneficio obtenido con moratoria. Según los datos de la Secretaría de Seguridad Social, 2.803.039 tienen jubilación y 81.554, pensión con moratoria; además, otras 100.150 están jubiladas con aportes y tienen, a la vez, una pensión obtenida con moratoria, 530.700 tienen pensión sin haber recurrido a un plan de regularización y jubilación con moratoria, y 290.895 cobran jubilación y pensión, ambas con plan de pago de aportes.
El plan vigente
Desde hace casi dos décadas rigen diferentes programas para jubilarse sin haber reunido la condición fijada por ley, ingresando a planes de pago de una deuda que se declara tener con el Estado. Ante el progresivo agotamiento de los esquemas que estaban vigentes (dado el paso del tiempo y las condiciones impuestas por la normativa) un año atrás se puso en marcha el plan de la ley 27.705.
Cada período mensual que puede comprarse tiene un precio y su adquisición provoca que se contabilice una deuda con el Estado. Si se cumplen ciertos requisitos, esa deuda no se paga de manera efectiva, sino que se le otorga al solicitante su haber mensual, del que se descuenta un monto durante un plazo de hasta 120 meses. Si, por tener altos ingresos o un alto patrimonio no se pasa el examen socioeconómico, igualmente se otorga la jubilación, pero el monto adeudado debe abonarse de una vez. Pueden comprarse aportes por meses comprendidos entre el momento en que se cumplieron 18 años de edad y diciembre de 2008, si ya se tiene la edad jubilatoria. Para las mujeres rige el beneficio de contar entre uno y tres años de aportes por hijo.
Los períodos que se suman por este plan sirven para completar el requisito de contribuciones, pero no inciden en el cálculo de la prestación si es que hubo aportes. Por eso, no necesariamente se cobra el haber mínimo. En la práctica, es alta la incidencia de las prestaciones con moratoria entre quienes cobran los haberes más bajos. De las prestaciones que son de $160.713 (haber mínimo más el bono), el 94% tiene moratoria. En el total de beneficios de jubilación y pensión, los que son con planes de regularización representan alrededor del 60%.
El acceso al plan actual tiene un límite temporal, y eso tiene que ver con el hecho de que se considera que los programas de regularización son medidas de excepción. Prórrogas y nuevos programas mediante, sin embargo, hace casi 20 años que se le da continuidad a las moratorias, sin que haya una solución en marcha para los problemas del mercado laboral, y sin que se debatan cambios de fondo para el sistema previsional, que en los últimos tiempos hace su ajuste, con ingresos reales en caída.
