El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, reconoció este jueves que Washington sigue con interés el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone aplicar sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina. Sin embargo, sostuvo que la administración de Donald Trump respeta el proceso legislativo del país. La definición se produjo durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín.
“Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina. Nosotros estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso”, sostuvo el número dos de Marco Rubio. Landau evitó formular un pedido de modificación del proyecto y agregó: “Quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”.
La declaración se produjo después de que el Gobierno argentino reconociera contactos con Washington por las consecuencias que podrían tener las sanciones sobre compañías y grandes fondos de inversión estadounidenses. Según pudo saber TN, en la Casa Rosada descartan avanzar contra actores financieros de ese peso si una medida de esas características compromete la relación bilateral. El Ejecutivo sostiene que las observaciones estadounidenses no representan una exigencia formal para retirar la iniciativa y mantiene la decisión de impulsar su tratamiento en el Congreso.
La controversia se concentra en el alcance de las penalidades sobre empresas que participan directa o indirectamente de proyectos económicos en Malvinas, especialmente aquellos vinculados con la explotación hidrocarburífera. El texto presentado por el Gobierno busca reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las herramientas para actuar sobre quienes financien, faciliten o desarrollen actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina. La iniciativa contempla multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales, además de mecanismos para que las compañías abandonen las actividades alcanzadas por el régimen.
Quirno defendió la reforma y aseguró que la legislación vigente no ofrece todas las herramientas necesarias para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. El canciller explicó que el nuevo proyecto contempla la posibilidad de desistir de inversiones realizadas bajo licencias que el país considera ilegítimas. “No va en contra de nadie en particular”, sostuvo. También planteó que las empresas deberán evaluar entre continuar con operaciones cuestionadas en las islas o desarrollar inversiones en el territorio continental argentino, donde el Gobierno considera que existe un potencial energético considerablemente mayor.
El funcionario remarcó que la causa Malvinas es innegociable para la Argentina y que el Gobierno continuará utilizando las vías diplomáticas y jurídicas disponibles. La iniciativa fue enviada al Congreso el 17 de septiembre, pero todavía enfrenta diferencias con los bloques aliados por los capítulos vinculados con seguridad nacional, defensa e inteligencia. El oficialismo postergó el tratamiento en comisiones mientras negocia modificaciones al Consejo de Seguridad Nacional y a otras disposiciones del proyecto.
Por otra parte, Landau aseguró que el pedido de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas no implica una definición específica sobre el reclamo argentino por Malvinas. “No es ningún secreto que parte de nuestra agenda en la administración Trump es la reforma de instituciones multilaterales como las Naciones Unidas”, explicó. El funcionario cuestionó el funcionamiento de distintos comités y sostuvo que algunos han adoptado posiciones contrarias a los intereses estadounidenses. “Espero que la Argentina no confunda un proyecto de reforma para agilizar la operación de Naciones Unidas con un tema particular sustantivo”, agregó.
Quirno reconoció que el Comité de Descolonización constituye un foro relevante para el reclamo argentino, porque allí se debate anualmente la cuestión Malvinas, pero aclaró que la posición del país no depende exclusivamente de su existencia. El canciller sostuvo que las resoluciones que respaldan la reivindicación de soberanía forman parte del sistema de Naciones Unidas y que la Argentina continuará presentando sus planteos en los organismos internacionales. “En la eventualidad de que deje de existir, eso no tiene ningún tipo de mella sobre nuestro reclamo”, afirmó. También ratificó que el objetivo es conseguir que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones por la soberanía de las islas.
El encuentro también incluyó anuncios de cooperación estadounidense en materia de seguridad y ciberseguridad. Quirno informó que Washington aprobó US$13 millones para programas contra el narcotráfico, de los cuales US$7,5 millones financiarán proyectos en la Argentina. Además, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau un pacto para la protección de la infancia que contempla asistencia de hasta US$10 millones para combatir la trata de menores. El canciller anunció también un aporte no reembolsable de US$15 millones destinado a establecer un centro de operaciones de ciberseguridad, con una evaluación de la seguridad de la red troncal de Internet de ARSAT.
La agenda bilateral se completó con conversaciones sobre inversiones, minerales críticos, el acuerdo comercial y el programa de exención de visas. Los funcionarios repasaron los avances del Corredor Andes-Atlántico, que busca conectar las regiones mineras y energéticas argentinas con los puertos del Atlántico mediante financiamiento e infraestructura. Quirno confirmó que ambos países continúan negociando el ingreso de la Argentina al programa que permitiría viajar a Estados Unidos sin una visa tradicional, aunque no anunció una fecha de incorporación. También ratificó los preparativos para la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para noviembre.
