Que Arcor pierda dinero y cierre plantas dice mucho más que los 11 meses consecutivos de retroceso en la actividad fabril detectados por el INdEC. Y que la recesión destruya Pymes y puestos de trabajo es todo un juicio de valor al modelo basado en la agroexportación, el sobreendeudamiento que convirtió al pequeño mercado de capitales en una timba y en bruscos cambios en los precios relativos hacia las empresas energéticas que implementa el Gobierno nacional desde hace 4 años.
El ajuste aplicado a la economía, que fue gradualmente de menor a superlativo, incluyó a la inflación como reasignadora de recursos hacia la banca, pero apoyándose en una agobiante presión tributaria que supera el 40% del PBI y no deja títere con cabeza, en un juego de pinzas con las tasas de interés y las tarifas. Ninguna inversión genuina aterrizará por estas playas mientras 163 impuestos, en muchos casos superpuestos, se ensañen contra empresas e individuos.
En 2012, la presión tributaria ya era 36% del PBI y el Estado duplicaba su tamaño desde la vuelta a la democracia. En 2019 sigue creciendo la presión (¿y el Estado?). En 2012, la presión tributaria ya era 36% del PBI y el Estado duplicaba su tamaño desde la vuelta a la democracia. En 2019 sigue creciendo la presión (¿y el Estado?).
Las caídas interanuales del 13,4% y 12,3% en la actividad fabril y de la construcción, respectivamente, que registró el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INdEC) para marzo no sólo han sido espectaculares, sino que en el caso de la industria alcanzaron el 11° mes consecutivo de contracción –según publica Urgente 24-.
La multinacional alimenticia de capitales nacionales, Arcor, sucumbió finalmente a la seguidilla de 3 años de pérdidas en sus balances y a que se esté cumpliendo una década sin que algunas de sus empresas logren crecer y le bajó la persiana a 2 plantas de la Campagnola en la localidad mendocina de San Martín.
Venía de desactivar por un mes, hace apenas unos días, la producción de alcohol en la ciudad bonaerense de San Pedro por estar sobrestockeada, y de hacerle tomar vacaciones a la mayor parte del personal en Arroyito al estar paralizadas las tareas de molienda húmeda.
No fue el único caso, sino que por estos días Musimundo cerró su local en Belgrano, Grimoldi casi que tira la toalla, y hace poco cerraron Interpack, OCA declarada en quiebra y la mayor fábrica de carrocerías para colectivos, Metalpar, propiedad de una empresa de capitales chilenos (Metalúrgica Paredes), asociada al poderoso grupo brasileño Marcopolo, en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de San Martín.
Hitachi mandó a Brasil la operación de Buenos Aires, pero el tendal de Pymes regado por la recesión (ropa femenina, masculina, de niños, bares, restaurantes, tintorerías, lavaderos de ropa, ferreterías, materiales de construcción, electrodomésticos, muebles y librerías) abarcó en el 1er bimestre de 2019 nada menos que 3.636 negocios, de acuerdo con la Encuesta Mensual Económica (EME), que realiza la ONG Defendamos Buenos Aires.
En la página web motoreconómico del colega Raúl Rulo Dellatorre se contabiliza en 2016 y 2017, entre aperturas y cierres, un saldo negativo de 4787 pequeñas y medianas empresas.
Teniendo en cuenta que las Pymes emplean a más del 70% de los 6 millones de trabajadores registrados, sin contar los informales que representan arriba del 30% más, los datos de desocupación del 1er trimestre del año traerán más malas noticias de la gestión macrista.
La Casa Rosada preanuncia que vienen tiempos mejores a partir de que considera que la recesión tocó el piso, que la inflación descenderá un escalón a partir de junio y que el tipo de cambio se aplacará.
Tributos por doquier
Pero sin aguardar que se concrete, al menos una, de esas expresiones de deseos de más que dudoso cumplimiento acaba de emitir una señal de mayor ajuste de clavijas aún sobre los agentes económicos, al aumentar la denominada «tasa de estadística» sobre el comercio, que forma parte del Código Aduanero, a partir de este martes, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Ese costo que recae sobre las importaciones fue llevado al 2,5% tras permanecer en el 0,5% desde enero de 1998.
El afán recaudador no trepida ante circunstancia especial alguna. Venda o no venda, gane o no gane, cobre o no cobre, el contribuyente siempre tiene que pagar y cada vez más.
Las empresas proveedoras de servicios públicos otorgan plazos para pagar las siderales tarifas y la AFIP agrega más facilidades para que micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), monotributistas y autónomos pongan al día las deudas impositivas y de la Seguridad Social, cuando apenas pueden juntar para cubrir sus gastos corrientes.
El incumplimiento no obedece, en muchos casos, a que el particular, sea empresa o individuo, especule con lo que le toca aportar al fisco, sino porque entre impuestos y cargas sociales el Estado ya se queda con casi el 150%.
El abogado, especialista en Derecho Laboral y Previsional, Juan Pablo Chiesa, recuerda que “tenemos 82 tributos a nivel municipal, 40 a nivel nacional y 41 a nivel provincial, 163 impuestos en el país, miles de regulaciones y una burocracia que nos devora todos los días. Lo infame es que con el 10% de los principales impuestos a saber: el IVA, Ganancias, Seguridad Social y otros se genera la masa recaudatoria del país”.
Es la exacción que también mira cualquier potencial inversor cuando le proponen traer capital a la Argentina, donde hoy la presión tributaria roza el 40% y de los 12 meses que tiene el año, hay que trabajar 7 para pagarle impuestos al Estado, según estima.
La inseguridad jurídica, la inestabilidad económica, la volatilidad cambiaria, el exiguo consumo interno y un mercado de capitales jibarizado ahuyentan cualquier iniciativa extranjera.
Pero más aún que los residentes vernáculos lleven fugados del país casi US$300 mil millones y saquen cada vez más.
La presión impositiva, es justo decirlo, no la inventó Macri sino que se trata de una herencia que viene de largo y, en todo caso, le saca el jugo.
En los´90, era del 22% del PBI, para bancar un Estado que había crecido un 25% y ayudas sociales que representaban una cantidad cercana a las 500.000 millones.
En 2012, la presión tributaria se había ido a alrededor de 36% del PBI y el Estado duplicaba su tamaño desde la vuelta a la democracia.
