Desde la entidad recordaron que en la provincia rige una legislación propia que resguarda al medicamento como un bien social y exige la supervisión profesional obligatoria.
Asimismo, desmintieron que la apertura comercial derive en una baja de precios y advirtieron sobre los riesgos sanitarios e históricos que conlleva tratar a los remedios como simples mercancías.
El debate en torno a la desregulación del mercado de medicamentos volvió a encender las alarmas en las entidades profesionales de todo el país. Tras el antecedente de la medida cautelar que frenó los efectos del DNU 70/23 presentados por la Confederación Farmacéutica Argentina, las declaraciones de Eduardo Molina, referente del Colegio de Farmacéuticos de Chubut a El Comodorense Portal de Noticias, pusieron de manifiesto el contundente rechazo del sector ante el nuevo anteproyecto de ley que busca modificar la Ley Nacional 17.565. La iniciativa pretende liberar la comercialización de productos de venta libre fuera de las oficinas de farmacia e incorporar plataformas digitales sin control profesional.
Autonomía provincial, el rol del farmacéutico y la falacia de los precios
Desde el ámbito profesional remarcaron que el marco constitucional argentino otorga a las provincias la potestad de regular la materia sanitaria dentro de sus jurisdicciones. En este sentido, Chubut —al igual que Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe— cuenta con su propia ley de farmacia, la cual define a estos establecimientos como centros de salud y no como locales comerciales. Por ello, la normativa vigente explicita que la categoría de «venta libre» implica que no se requiere prescripción médica obligatoria, pero exige indefectiblemente la dispensación dentro de una farmacia y bajo la supervisión de un profesional farmacéutico, único actor capacitado para orientar sobre contraindicaciones y posología.
«Se confunde intencionalmente la venta libre con la venta liberada. El medicamento no es un caramelo ni un bien comercial que pueda quedar sujeto a la oferta y la demanda, porque responde a una necesidad de salud y no a un impulso de consumo. Además, es un argumento falaz decir que van a bajar los precios por abrir el mercado, ya que los valores de los remedios no los fija la farmacia de barrio, sino los laboratorios y el Estado, manteniéndose uniformes desde Comodoro Rivadavia hasta La Quiaca. El derecho comercial no puede estar por encima del derecho fundamental a la salud», sostuvo Eduardo Molina.
Antecedentes históricos y gestiones ante el Congreso Nacional
La conducción gremial recordó que la desregulación no constituye una novedad en el país y apeló a la memoria histórica sobre las consecuencias ocurridas durante la década de 1990. Según advirtieron, la pérdida de trazabilidad en la cadena de custodia de las drogas y la falta de controles profesionales derivaron en episodios de adulteración de insumos, falsificación de tratamientos graves y causas penales por el tráfico de medicamentos irregulares, situaciones cuyas consecuencias en el deterioro de la salud pública terminan recayendo sobre el propio Estado.
Frente a esta coyuntura, la Confederación Farmacéutica y los colegios provinciales se mantienen en estado de alerta continua y han iniciado contactos con diputados y senadores nacionales de distintas bancadas. El objetivo de las instituciones sanitarias es llevar la postura técnica y profesional al Congreso de la Nación cuando se inicie la discusión legislativa, instando a que se respete el modelo de salud que impera en los países más desarrollados y se resguarde a la población frente a intereses meramente corporativos o de plataformas digitales.
