Un director de escuela y un empleado municipal quedaron acusados de integrar una presunta maniobra para desviar fondos públicos destinados a la alimentación de los alumnos. Según la investigación de la Fiscalía, habrían utilizado facturas apócrifas, registros contables falsos y cobros de cheques por ventanilla para quedarse con partidas que debían utilizarse para la merienda de los estudiantes.
La acusación fue presentada por la Fiscal General María Bottini y el funcionario de Fiscalía Julián Forti y contempla al menos 31 hechos cometidos durante 16 meses, entre mayo de 2023 y septiembre de 2024.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en noviembre de 2024 por la delegada administrativa del Ministerio de Educación en la Región III.
Según la Fiscalía, el mecanismo se habría repetido de manera sistemática. El empleado municipal habría emitido facturas por supuestas compras de alimentos, pese a que figuraba inscripto ante ARCA como prestador de servicios y no como vendedor de productos alimenticios. Además, por su condición de empleado municipal, no podía ser proveedor del Estado.
Pero el punto central de la maniobra habría estado en el cobro de los cheques.
De acuerdo con la acusación, el director de la escuela se presentaba personalmente en la sucursal del Banco del Chubut de Corcovado y cobraba los valores por ventanilla, en lugar de que fueran entregados o transferidos a los proveedores correspondientes.
Para justificar posteriormente la salida del dinero, habría realizado anotaciones falsas en el Libro Banco de la institución. Allí se consignaban supuestos pagos a comercios y proveedores de la zona que, según la investigación, no se correspondían con operaciones reales.
Incluso, uno de los registros contables mencionaba una supuesta compra al propio Ministerio de Educación.
Compras que no coincidían con la merienda
Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fueron los productos incluidos en las rendiciones.
La Fiscalía sostiene que los alimentos facturados nunca ingresaron a la escuela y detectó compras que no guardaban relación con el menú escolar ni con los horarios en los que eran utilizados.
Entre ellas aparecen facturaciones por tapas de empanadas y 20 kilos de pollo, pese a que se trataba de partidas destinadas al refrigerio de los alumnos durante la tarde.
Para el Ministerio Público Fiscal, los elementos reunidos permiten sostener que existió una extracción sistemática de fondos públicos y que ambos acusados tuvieron distintos niveles de participación en la maniobra.
La acusación contempla presuntos delitos vinculados al perjuicio contra el patrimonio público, falsedad documental e incumplimiento de los mecanismos establecidos para el manejo de las partidas escolares.
Ahora, ambos deberán enfrentar un juicio oral. Debido a que uno de los acusados es funcionario público, el debate estará a cargo de un tribunal mixto. La fecha y la composición del tribunal serán definidas próximamente.
