Hablar del pasivo que dejó la actividad petrolera en Comodoro significa mirar pozos inactivos, ductos e instalaciones abandonadas, suelos afectados por hidrocarburos y sectores que quedaron incorporados al crecimiento urbano forman parte de un problema que, después de más de un siglo de explotación, continúa presente ante la desinteresada mirada de la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.
En agosto de este año, la Municipalidad de Comodoro avanzó judicialmente contra YPF para exigir la recomposición integral de los pasivos ambientales existentes dentro del ejido. La presentación reclama que la petrolera se haga cargo de su identificación, caracterización, evaluación de riesgos, saneamiento, remediación y posterior monitoreo, además de elaborar y ejecutar a su costo un Plan Integral de Remediación Ambiental.
La definición municipal de pasivo ambiental incorporó incluso aquellos pozos mal abandonados que, más allá de la contaminación, representan riesgos para las personas y la salud. Para agosto de 2026, autoridades municipales señalaron que habría más de 1.600 pozos inactivos o abiertos y que más de 1.000 estarían vinculados a YPF.
La muerte de Manolo, una tragedia que expuso las condiciones de trabajo en OPSur
En ese escenario, existe un antecedente reciente que expuso crudamente los riesgos que persisten alrededor de la actividad petrolera y del tratamiento de sus residuos.
El 19 de noviembre de 2024, Manuel “Manolo” Escudero, de 60 años, murió luego de sufrir un grave accidente laboral mientras conducía un camión Volvo en un predio de la firma de Pablo Pires, OPSUR, ubicado sobre la Ruta Nacional 26.
Eran alrededor de las 13:10 cuando Escudero realizaba una maniobra para descargar material en la zona de bateas. El camión cayó dentro de una de ellas y la cabina quedó sumergida. Fue necesaria la utilización de maquinaria pesada para levantar el vehículo y poder rescatar al trabajador. Manolo fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, pero murió posteriormente. La Fiscalía dispuso entonces la realización de la autopsia y el peritaje del camión.
Pero detrás de lo que inicialmente fue informado como un accidente laboral apareció rápidamente una denuncia mucho más grave.
Paula Portalau, esposa de Escudero, sostuvo después de la muerte de Manolo que las condiciones en las que los camioneros realizaban esas maniobras implicaban riesgos conocidos.
“Cayó en una pileta de petróleo, en una maniobra donde no existen los procedimientos de seguridad”, denunció Portalau en aquel momento. Según explicó, el camión contaba con dos patas hidráulicas destinadas a estabilizar el vehículo durante la operación, pero los trabajadores no podían utilizarlas en las condiciones en que se realizaba la descarga.
La mujer describió además la dimensión del lugar donde cayó su esposo: “Es una pileta de 8 metros, un precipicio”. Estas características, a la actualidad, no han sido modificadas en absoluto, y hoy en día pueden observarse.
“Ellos van hasta el filo de la pileta con las bateas y arriesgan su vida”, sostuvo. Y agregó que esa modalidad no era desconocida: “Eso lo hacen y la empresa sabe que los choferes arriesgan su vida”.
Hay una frase de Portalau que, a casi dos años de aquella muerte, adquiere una dimensión particular: “Eso lo hacen y la empresa sabe que los choferes arriesgan su vida, hasta que pasó esto”.
Manolo tenía tres décadas de experiencia conduciendo camiones. Aquella tarde, el vehículo terminó volcado dentro de una batea y su cabina quedó sumergida. La tragedia transformó un riesgo cotidiano denunciado por los trabajadores en una muerte.
El caso obliga a poner la discusión sobre el pasivo petrolero en una dimensión que excede las hectáreas afectadas, la cantidad de pozos o el costo económico de las remediaciones. También obliga a preguntarse por las condiciones de las instalaciones vinculadas a la actividad, los mecanismos utilizados para manipular sus residuos, los controles existentes y, fundamentalmente, la seguridad de las personas que trabajan en esos lugares.
Los riesgos siguen latentes
Los pasivos petroleros dejaron de ser una discusión abstracta incluso para las autoridades locales. Hace apenas días, tras un incidente ocurrido en Km 5, equipos municipales encontraron instalaciones en estado de abandono, filtraciones y sectores con afectación ambiental. El Municipio dio intervención a la Provincia y volvió a advertir sobre la existencia de instalaciones antiguas y pasivos distribuidos en distintos puntos de la ciudad.
La muerte de Manolo Escudero permanece, en ese contexto, como uno de los antecedentes más dolorosos de los riesgos que pueden rodear a la actividad y sus instalaciones.
Su esposa lo advirtió inmediatamente después de perderlo. Denunció una pileta de ocho metros, camiones trabajando al límite de su borde, imposibilidad de utilizar adecuadamente los estabilizadores hidráulicos y una metodología que, según aseguró, era conocida.
Casi dos años después, mientras Comodoro discute judicialmente quién debe hacerse cargo de los daños acumulados durante más de un siglo de explotación petrolera, el interrogante trasciende la remediación del suelo.
También pasa por determinar cuántos riesgos permanecen todavía sin resolver, quién controla las condiciones en las que se trabaja alrededor de esas instalaciones y qué debe cambiar para que ninguna familia vuelva a escuchar que una práctica peligrosa era habitual “hasta que pasó esto”.
