El ministro de Agricultura se reunió hoy al mediodía con representantes de entidades agrarias y, tras el encuentro, afirmó que «la Mesa de Enlace acompaña las medidas que estamos tomando» ante la sequía que afecta a siete provincias.
La emergencia agropecuaria dispuesta por el ministerio ya beneficia a Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Juan, Neuquén y Misiones, mientras Córdoba se sumará cuando complete su documentación.
«La Mesa de Enlace acompaña estas medidas que estamos tomando. El encuentro sirvió para seguir monitoreando la situación de las diferentes regiones, con el compromiso de que la Comisión continúe sesionando de manera permanente», precisó Yauhar.
De la reunión participaron dirigentes de la Sociedad Rural (SRA), la Coninagro, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA).
La decisión oficial obedece a la situación de déficit hídrico en algunas zonas agrícolas, e implicará la exención de impuestos y la distribución de 500 millones de pesos de la partida específica.
A esos fondos se añadirán otros recursos y facilidades crediticias, precisaron por su parte los dirigentes del sector, tras reunirse durante más de tres horas con Yauhar.
«Hemos abierto un escenario de diálogo con las entidades del campo para dar respuesta rápida a los efectos de las contingencias climáticas en las producciones locales», sostuvo el ministro.
Carlos Garetto, titular de Coninagro, dijo que la reunión en la sede de la cartera agropecuaria «fue la continuación de la realizada la semana anterior», y adelantó que se repetirá entre el jueves próximo, cuando el ministro reciba nuevos informes sobre el impacto de la sequía.
Destacó además la presencia en la reunión de funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con los que se acordó una reunión para abordar la tasa de interés de las prórrogas impositivas, «que hoy están al mismo nivel que las tasas activas del Banco de la Nación».
Garetto calificó como «un paso importante» la extensión de la emergencia y remarcó el compromiso gubernamental de «asistir con los recursos que prevé la ley y también con todos los beneficios que se puedan aportar al productor de forma extraordinaria».
«Lo importante es que haya voluntad política de que los recursos van a estar en tiempo y forma, porque se trata de llegar en el momento en que el productor lo requiera», resumió Garetto.
Tras el encuentro, en el que se analizó la posibilidad de otorgar créditos blandos para productores afectados, Hugo Biolcatti, de la Sociedad Rural, señaló que «fue una reunión de trabajo muy positiva, de avance. Nos recibieron muy bien, por eso seguiremos trabajando junto al Ministerio«, sostuvo.
En la ocasión se decretó la emergencia agropecuaria hasta el 31 de diciembre para los distritos afectados por la sequía de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, mientras que la emergencia alcanzará a Misiones por 180 días.
También se prorrogó la emergencia en San Juan hasta el 31 de mayo próximo, por las heladas que afectan el cultivo de olivos en la región comprendida por el Valle de Tulum y los departamentos de Ullum y Jachal, que ya estaban en emergencia desde octubre pasado.
En tanto, para Neuquén se declaró en emergencia a los departamentos de Collón Curá, Catán Li y parte de Lacar hasta el 31 de marzo de 2013, «por la combinación de arena volcánica y sequía que conmueve a las explotaciones pecuarias».
Las medidas se suman a la emergencia declarada sobre el departamento cordobés de San Javier, hasta el 19 de marzo próximo, y a los 5 de 15 millones de pesos que ya se entregaron a pequeños y medianos productores de Santa Fe.
A la reunión asistieron representantes de las provincias afectadas, a excepción de Misiones (sobre la que se actuó ad referéndum), del INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, el Banco Nación y el Banco Central.
Julio Currás, vicepresidente de Federación Agraria, quien concurrió en reemplazo de Eduardo Buzzi, destacó la importancia de la ayuda estatal, aunque señaló que «hay que tener más progresividad en todos los impuestos».
A su vez, Rubén Ferrero, de Confederaciones Rurales, juzgó «importante» la ayuda estatal, «porque el productor que invirtió 2 mil pesos o más por hectárea de maíz necesita dinero para afrontar gastos, subsistir y poder encarar próximas campañas».