El conflicto petrolero que mantiene paralizados los yacimientos de la zona norte de Santa Cruz se agudizó en los primeros minutos de ayer cuando un centenar de trabajadores tomó la sede central del gremio en esta ciudad. Resolvieron anticiparse a la llegada del interventor. Hay extrema tensión y hoy la Justicia podría ordenar el desalojo.
El grupo que protagoniza la toma está alineado con el destituido secretario general, Héctor Segovia, aunque sus integrantes dejaron en claro que en esta circunstancia “no estamos ni con el ‘Chaco’ ni con Retamozo”, en clara alusión al grupo del ahora ex secretario adjunto que mantiene las vigilias en rutas y caminos de acceso a los paralizados yacimientos de la zona norte santacruceña.
La ocupación se produjo sin violencia, alrededor de las 0:30 y los trabajadores, entre ex miembros de comisión directiva, algunos delegados y afiliados en general, se encontraron con dos policías que estaban de consigna.
Mientras algunos intercambiaban palabras con los uniformados, otros ingresaron sin inconvenientes a las instalaciones ubicadas en la intersección de Güemes y Lavalle, dado que poseían las llaves de la puerta principal. Ante esta circunstancia, a los policías no les quedó otra alternativa que comunicar lo sucedido a sus superiores, de quienes recibieron la orden de retirarse.
Luego, con la salida del sol, pudo verse no solo una gran bandera nacional desplegada en una ventana del primer piso, sino también numerosos carteles rechazando la intervención y frases pintadas con aerosol que cuestionaban al gobernador Daniel Peralta.
“NO ENTREGAREMOS NUESTRA CASA”
Marcelo Salguero, quien hasta el viernes fuera secretario de Acción Social –también destituido por disposición del juez de instrucción Mario Albarrán-, dijo que los trabajadores no van a permitir que se intervenga el sindicato y que se quedarán en el edificio central hasta tanto esa instancia asumida por el Ministerio de Trabajo de la Nación quede desestimada.
Para fundamentar sus dichos, Salguero rememoró la intervención del año 1999 cuando Jorge Zúniga era secretario general. “En esa oportunidad nos devolvieron el sindicato con deudas, con juicios, todo en quiebra y por eso no vamos a entregar nuestra casa. Por eso -añadió- no nos vamos hasta que se revoque la intervención y ya no hablo como miembro de comisión directiva, sino como afiliado”.
Al promediar la tarde, otro numeroso grupo de trabajadores, algunos de ellos provenientes de Pico Truncado, se sumaron a la toma y mantuvieron una reunión para delinear la estrategia a seguir. En ese marco, también se dijo que la intervención implicaría que se cierren las cuentas del sindicato y la actividad de la obra social que significa la entrega de órdenes para farmacias y médicos, además de atender casos por derivaciones por salud, algo que el delegado normalizador Roque Vitale negara rotundamente en declaraciones formuladas a este medio.
Resaltaron además que esto es por “la defensa del sindicato” y que si se lo ve desde la óptica del grupo que se mantuvo al lado de Segovia, “esta intervención no tiene razón de ser porque nosotros firmamos todos los acuerdos y respondimos a todo lo que mandó el Ministerio de Trabajo y manifestamos que no estábamos con medida de fuerza. Pese a todo esto, nos castigan mientras que la gente que está en la ruta ni siquiera fue intimada”.
(El Patagónico)
