La justicia rechazó tres pedidos de detención en la causa Río Turbio. La decisión del juez Rodríguez de otorgarle la eximición de prisión a tres de los veintitrés acusados junto con el ex ministro en la causa por Yacimientos Carboníferos Fiscales y ratificar los pedidos de indagatoria permite deducir que se pronunciará en sentido semejante sobre De Vido. Para habilitar la declaración no es necesario el desafuero del diputado.
El juez federal Luis Rodríguez otorgó la eximición de prisión a tres de los 23 imputados por el fiscal Carlos Stornelli en la causa que investiga supuestas irregularidades en Yacimientos Carboníferos Fiscales en Río Turbio. Es el expediente que encendió al oficialismo para tratar de desaforar al diputado Julio De Vido y así habilitar el pedido de prisión que solicitó el fiscal acusándo al ex ministro de Planificación como responsable del convenio que había habilitado los trabajados entre YCF y la Universidad Tecnológica Nacional. La decisión del juez supone que podría seguir el mismo razonamiento en el caso de De Vido: conceder la indagatoria pero no la detención preventiva.
Fernando Lisse, Miguel Larregina y Marta Pérez, son los tres imputados que solicitaron la eximición de prisión, una medida que el magistrado debe resolver en 24 horas. El ex ministro no presentó un recurso en ese sentido.
La acusación contra De Vido y 22 ex funcionarios hace eje en la supuesta irregularidad de haber desviado fondos a través de convenios con la Universidad. Los medios dominantes informaron que la supuesta defraudación implicaba obras por 26 mil millones de pesos que es el costo total de las usinas proyectadas y otras obras para el aprovechamiento de carbón a lo largo de diez años. El convenio en cuestión es de alrededor de 250 millones de pesos.
El juez tiene que pronunciarse sobre el planteo del fiscal pero sin plazos perentorios. De Vido ya fue indagado en otras causas y, de hecho, irá a juicio por la causa de la tragedia de Once.
El desafuero es un requisito sólo en caso de ordenar la detención. El peligro de fuga y las posibilidades de obstaculizar la investigación son las razones que justificarían desde la formalidad el pedido fiscal.
La discusión está planteada en torno a la mediación de la universidad: la acusación sostiene que es un artilugio para evadir controles mientras que la defensa sostiene que es un camino que tiene los controles de al Sindicatura General de la nación y de todos los controles de la administración pública.
El despliegue mediático de la embestida judicial-política pone en evidencia la trama de intereses en pugna a escasos tres meses de las elecciones legislativas.
