Durante la reunión informativa en la Legislatura, la legisladora subrayó que la responsabilidad de garantizar el derecho a la comunicación recae exclusivamente en el Gobierno y denunció que, lejos de existir un plan estratégico, la actual «prueba piloto» surgió de una medida judicial y no de una política proactiva. «Hoy tenemos muchas más dudas de las que teníamos en la reunión anterior», sentenció.
El debate por el uso de teléfonos celulares en los contextos de encierro de Chubut sumó un nuevo capítulo de tensión en la Legislatura. La diputada Vanesa Abril puso bajo la lupa la capacidad del Poder Ejecutivo para llevar a la práctica su propio proyecto de ley, cuestionando la falta de precisiones técnicas y operativas por parte de los ministros y subsecretarios presentes en la casa de las leyes.
Abril fue enfática al delimitar las responsabilidades, aclarando que no se trata de una iniciativa nacida en el seno legislativo, sino de una imposición de la gestión de gobierno. «Esto es un proyecto del Ejecutivo, y hoy lo que le solicitamos es que digan cómo van a implementar esta ley para garantizar el derecho a la comunicación de quienes están privados de libertad», manifestó la legisladora, marcando que la voluntad de limitar el uso de dispositivos debe ir acompañada de una infraestructura que hoy parece inexistente.
Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue el cuestionamiento a la supuesta «prueba piloto» que el Gobierno esgrimió como antecedente. Según la diputada, el subsecretario del área habría admitido que dicha implementación no fue una decisión planificada, sino la respuesta a un mandato judicial. «Queda claro que no fue una prueba piloto para ver cómo implementábamos, sino que fue un hábeas corpus. Tuvieron que implementar esa medida cautelar; no fue en virtud de buscar solucionar el problema», denunció Abril.
La diputada también resaltó la asimetría de información y la falta de estadísticas locales concretas que respalden la efectividad de la norma propuesta. Si bien reconoció la existencia de la problemática de delitos cometidos desde las cárceles, insistió en que el autor de la ley debe dar certezas sobre su cumplimiento en una provincia con realidades carcelarias diversas. «Quien nos debe decir cómo van a garantizar el derecho es el Ejecutivo, porque ellos saben cómo se distribuyen y cuál es la condición de cada uno de los lugares de detención», señaló.
Finalmente, Abril cerró su exposición con una sensación de incertidumbre compartida por varios sectores de la oposición, afirmando que las explicaciones oficiales solo profundizaron las dudas sobre la factibilidad del proyecto. «A mí lo que no me queda claro es cómo el Ejecutivo, que es el autor de este proyecto, pretende llevar adelante la implementación de su propia ley», concluyó, dejando planteado un interrogante central que el Gobierno deberá responder antes de que la iniciativa llegue al recinto para su votación.
