El Bloque radical en la Legislatura chubutense insistirá con nuevo pedido de informes sobre controles a empresas de telefonía e internet.
El bloque de la UCR que integran los diputados Roberto Risso y José Luis Lizurume, volverá a presentar el pedido de informes que fuera aprobado en agosto pasado por la Legislatura pero nunca fue contestado por el ministerio de Coordinación de Gabinete, en el que se pide el detalle de los montos percibidos en Chubut en concepto de multas y otras penalidades aplicadas a las Empresas de Telefonía e Internet, y los apercibimientos realizados.
Tal como se presentó en aquella oportunidad, se requiere el desarrollo de las inversiones realizadas anualmente en los últimos 5 años en la Provincia por las Empresas de Telefonía e Internet, y la cantidad de clientes, asociados, abonados, usuarios o cualquier otra denominación que implique relación comercial, anualmente en los últimos 5 años, en Telefonía e Internet en cada una de las localidades de la Provincia.
También se pide en el informe el detalle de la cantidad de Oficinas de atención al Público dentro de la Provincia, como así también equipos apropiados para la reparación de los reclamos, así como la formulación de Planes generales de Educación para el consumidor y su difusión pública.
Al fundamentar el pedido hace tres meses, el presidente del bloque radical, Roberto Risso, dijo que este tema “nos introduce en un debate que se debe dar en la provincia respecto a derechos y potestades del estado en la defensa de usuarios y consumidores”.
Según indicó el legislador “estamos ante la posibilidad de debatir el derecho del estado de fijar las reglas y los requisitos de la prestación de estos servicios” y afirmó que las empresas de telefonía “invierten donde hay mayor cantidad de usuarios, como en el centro, y no lo hace en los barrios, porque le conviene económicamente”. Y agregó “ni hablemos de los celulares que funcionan bien en el centro y mal en los barrios. Y esto pasa en todos lados”.
Remarcó el diputado radical que “aquí en Chubut, la única obligación que dispone la ley es tener una oficina en territorio provincial. Las oficinas de los municipios no pueden controlar el nivel de inversión, no pueden controlar el nivel de inversión”, mientras “a las telefónicas sólo les interesa vender contratos, pero no invierten a medida que aumentan los usuarios, por eso colapsa el servicio”.
Concluyó Risso que “por eso pedimos al gobierno estos datos y estamos elaborando un proyecto de reforma a la ley para incorporar todas estas obligaciones”. Y afirmó “la calidad y la prestación del servicio en la provincia no la van a resolver el gobierno nacional o la provincia de Buenos Aires o la sede donde se firme el contrato, porque estas empresas se manejan en Buenos aires. Por eso creo que hay llegado el momento por el cansancio de la gente”.
