“Soy diputado provincial en San Luis, por votar en contra de un proyecto de Alberto Rodríguez Saá estoy privado de la libertad junto a otros 21 legisladores, nos encerraron con candados, no nos permiten salir. Gobernador Ud. es el responsable nuestra seguridad y la de nuestras familias”, escribió en Twitter Gastón Hissa. Lo mismo hicieron otros legisladores. Fue luego de la sesión en la que, por tres votos, la oposición frenó en la Legislatura la modificación del presupuesto 2023, a través de la cual el gobernador puntano buscaba convertir en contratados a los beneficiarios del Plan de Inclusión.
Un grupo de beneficiarios de ese plan rodearon el Palacio Legislativo, bloquearon sus ingresos y atacaron el edificio con neumáticos incendiados y piedras. Su conversión en empleados públicos, a tres meses de que Rodríguez Saá deje el poder, fue una de las promesas de la campaña con la que el peronismo de San Luis buscó evitar la derrota ante Claudio Poggi, quien resultó de todos modos electo en las elecciones provinciales del 12 de junio pasado.
La semana pasada, Poggi denunció que Rodríguez Saá retiró 88 millones de dólares de las reservas provinciales en el Banco Nación y deja “sin fondos” al Estado provincial. Para la oposición provincial, se trata de un vaciamiento de los ahorros puntanos para pagar nuevos empleados públicos y dejar sin respaldo financiero a la nueva gestión, que asumirá en diciembre.
“Rodríguez Saá no aceptó nunca la derrota, no inició un proceso de transición y desde ese momento se sucedieron distintos hechos destinados a alterar la paz social y quebrar el tejido social. Lo único que hicieron fueron leyes y proyectos de ley para generar un gobierno paralelo. Hoy se votó en contra una ley por la cual se pretendía contratar de manera indiscriminada empleados públicos sin tener el respaldo presupuestarios. Por eso es que la oposición e incluso oficialistas votaron en contra y ellos han motorizado una movilización, bastante precaria, para intentar amedrentarnos”, afirmó Hissa, en diálogo con LA NACION.
“Con esta ley quisieron convalidar un acto fraudulento: por la campaña, cinco ministros hicieron firmar miles de contratos sin respaldo presupuestario. Esta ley pretendía salvar ese acto fraudulento”, agregó Hissa. El proyecto fue aprobado por el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría, pero la tropa de Rodríguez Saá no esperaba que anoche, en rechazo a esta iniciativa, cuatro diputados del bloque peronista decidieran romper y este miércoles votaron en contra de la ampliación presupuestaria.
Se trata de los diputados Adrián Agüero, Alberto Leyes, Verónica Garro y Francisco Irusta, que abandonar la bancada del Frente Unidad Justicialista para crear un espacio nuevo, Fuerza Independiente. La votación se resolvió en favor de la oposición por solo tres votos de diferencia.
“El Gobernador de San Luis, en las elecciones, hizo promesas imposibles de cumplir sin quebrar las finanzas de la provincia. Prometió contratar en el Estado a los beneficiarios de planes sociales. Y ellos llevaron a los propios beneficiarios de los planes a presionar a la Legislatura”, afirmó a LA NACION el diputado nacional Alejandro Cacace (San Luis-Evolución Radical), junto a un video de los ataques a la Legislatura. “La policía cerró los ingresos, pero después se retiraron para cubrir un partido de fúbol. Los diputados, que terminaron de sesionar a la siesta, quedaron horas encerrados”, completó.
Los legisladores de la oposición y el oficialismo lograron salir del edificio cerca de las 20. “Los manifestantes eran un grupo no significativo, unas 200 personas, pero muy alterados en contra del gobernador y las promesas que les hicieron”, agregó Hissa.
La modificación que desató la polémica
El 4 de septiembre, el Senado provincial dio media sanción a una modificación del artículo 11 de la ley de presupuesto 2023, que limita a 33.757 la cantidad de trabajadores estatales que el gobierno puede contratar y señala que “el Poder Ejecutivo provincial no podrá aumentar el número total de cargos”.
La nueva redacción eliminaba esa prohibición de forma expresa. “El Poder Ejecutivo provincial podrá aumentar el número total de cargos y horas cátedra antes establecidos, y deberá priorizar la designación de aquellas personas beneficiarias del Plan Inclusión Social que se encuentren cumpliendo funciones en los establecimientos públicos, y que reúnan el perfil y función requerida. El aumento sólo podrá realizarse cuando se cuente con el recurso presupuestario correspondiente; asimismo podrá disponer modificaciones en la distribución de los mismos”, se lee en la modificación que avanzó en la Cámara de Senadores, pero este miércoles fue rechazada en Diputados.
“Previo a la elección, Rodríguez Saá prometió contratar a gente. Estos 90 millones de dólares, que vienen de ahorros, permitirían pagarles. En 2015, él se quejaba de que había 20.500 empleados públicos”, reprochan en las filas de Poggi.
Después de ganarle las elecciones provinciales a Jorge “Gato” Fernández (candidato de Rodríguez Saá), Poggi advirtió sobre decisiones del gobernador que afectarían su próximo mandato. Entre ellas, la creación de 53 cargos en la Legislatura, y el nombramiento de dos funcionarios del gobernador como miembros del Tribunal de Cuentas y un Defensor del Pueblo. Las decisiones del gobernador tras la derrota provocaron una marcha en su contra liderada por Poggi, de la que participó el senador y hermano del mandatario, Adolfo Rodríguez Saá, aliado de Poggi en los comicios.
