El Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara) y las empresas del sector presentarán en los próximos días a las autoridades nacionales y de todas las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires un protocolo con medidas de seguridad sanitaria para solicitar la reapertura de las salas.
El objetivo es comenzar a trabajar en lo inmediato en el reacondicionamiento de bingos y casinos para adecuar su futuro funcionamiento mientras dure la emergencia en materia de salud provocada por el COVID-19, a los efectos de resguardar las fuentes laborales y el cumplimiento salarial.
Para ello se tomarán modelos ya propuestos e implementados en diferentes países, en cuidado de la salud de los trabajadores y del público apostador.
“Nuestra actividad está preparada para volver a funcionar con las medidas de prevención necesarias, y por eso vamos a presentar este protocolo, que contendrá diversos tipos de controles, limitaciones en cuanto a la cantidad de apostadores, profundización de la higiene de los locales y del personal e incluso cambios en la forma de apostar”, explicó Ariel Fassione, secretario gremial de Aleara.
El nuevo reglamento incluirá “mejoras en las ventilaciones, utilización de guantes descartables y barbijos, tanto para trabajadores como para clientes, instalación de dispensadores de alcohol y desinfección de mesas, sillas y máquinas en forma continua”, entre otros ítems.
Fassione agregó que “en forma mayoritaria se trata de espacios grandes, por lo cual no habría problemas de ir cerrando y habilitando sectores a medidas que sean utilizados e higienizados”.
Los habituales controles que se realizan desde siempre en el ingreso a bingos y casinos “pone a nuestra actividad en una buena perspectiva para funcionar de acuerdo a las necesidades actuales, incluso porque el público ya está acostumbrado a respetar ciertas reglas de comportamiento en los lugares”.
También se instrumentarán cambios en la llegada y salida del personal y espacios comunes, como comedor y vestuarios.
Los juegos de azar en la República Argentina emplean en forma directa a más de 250.000 personas y pagan impuestos por miles de millones de pesos al año, recursos que el estadio nacional y los estados provinciales necesitan para hacer frente a la crisis económica profundizada por la Pandemia.
