El axioma repetido como mantra por el Gobierno de conseguir nuevas inversiones para el sector energético a partir de la mejora del clima de negocios del país comienza a teclear como resultado del freno judicial a la suba de tarifas de gas. Esta semana las compañías distribuidoras –entre las que figuran Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi y Ecogas- dejaron de pagar total o parcialmente la factura del gas que compran a petroleras.
La decisión se explica por la incertidumbre que reina hoy en la industria. Como no saben cuánto dinero terminarán recibiendo por el gas que venden a hogares, las distribuidoras le avisaron al Ministerio de Energía que, en forma preventiva, suspendieron los pagos a productores hasta que la Corte Suprema defina se avala o rechaza los cuadros tarifarios implementados a partir del 1° de abril. Es una medida que impacta de plano en la trazabilidad del horizonte de inversiones que espera recibir la Casa Rosada.
La ruptura de la cadena de pagos del negocio del gas como resultado de la decisión de la Justicia de suspender los aumentos de tarifas afecta la voluntad inversora de las petroleras. La mayoría de los productores –liderados por YPF, Pan American Energy (PAE), la francesa Total y la local Pluspetrol- admite que ralentizará sus inversiones orientadas a la mejora de la producción del hidrocarburo hasta no tener certezas de cuál será el precio del gas a futuro.
“No nos entra dinero vía cobro de facturas desde la última semana de mayo. La situación se repite, con bemoles, en todas las empresas. Desde el fallo de la Cámara de La Plata (que freno las subas en todo el país), el flujo de fondos de las empresas se esfumó”, explicaron desde una de las principales distribuidoras del país.
No es un tema menor: como resultado de la crisis del crudo, que sigue por debajo de los 50 dólares a nivel mundial, las petroleras locales habían empezado a redireccionar sus desembolsos hacia proyectos de gas; un negocio más atractivo a partir del incremento del 80% precio del gas en boca de pozo que reciben las petroleras (pasó de 2,70 a 4,60 dólares por millón de BTU), anunciado en forma complementario con la suba de tarifas de abril. Sin embargo, esa señal de precios quedó hoy trastocada por la judicialización de los aumentos, según informó El Inversor Online.
A pesar de eso, para alejar fantasmas, la Subsecretaría de Hidrocarburos, que encabeza José Luis Sureda, está definiendo los lineamientos de un nuevo programa de estímulo especialmente enfocado al desarrollo de gas no convencional, cuya extracción es más costosa que la convencional.
La norma que prepara el Ejecutivo vinculará el precio que recibirán los productores que invierten en ese tipo de yacimientos con el valor del Gas Natural Licuado (LNG) que se importa por barco a las terminales de Escobar y Bahía Blanca. A junio de este año, el precio del LNG ya regasificado ronda los US$ 6,50/7 por millón de BTU.
El nuevo plan de incentivo a la extracción de gas –el principal insumo de la matriz energética-entrará en vigencia el 1° de enero de 2018, una vez que finalice el Programa de Estímulo a la Inyección Adicional de Gas, conocido como Plan Gas. Pero pese a que entrará en vigencia dentro de un año y medio, para las petroleras es clave porque despeja la incertidumbre en torno al precio del gas a futuro, dado que los privados alegan que precisan un horizonte de precios de mediano plazo para concretar nuevas inversiones en Vaca Muerta. Es que algunas petroleras están demorando desembolsos en la extracción de shale gas y tight gas en Neuquén por no conocer el precio de venta que tendrá el fluido.
