Según un informe publicado hoy por el diario Crónica de esta ciudad, se genera un déficit en el transporte público, que debiera ser la forma más eficaz de comunicar y cohesionar a todos los habitantes. Sin embargo, la herencia de un contrato que data del 2006 dificulta la actualización de nuevas líneas y recorridos.
«El marco normativo es una ordenanza que se aprobó en 2006, en la que se le dio una concesión de 10 años a Patagonia Argentina. Con esa concesión, lo que nos tocó como gestión fue hacernos cargo de circunstancias que no estaban previstas en el pliego», explicó el subsecretario de gobierno Omar Albornoz.
Durante la gestión del ex intendente Raúl Simoncini, el municipio firmó el contrato de concesión con la empresa Patagonia Argentina para que se hiciese cargo del sistema de transporte de colectivos. Fue en el 2006, hace apenas cinco años, pero el impulso económico de la ciudad llevó a que ésta cambiase considerablemente su ejido territorial.
En ese pliego no se contemplaban aún las rampas para discapacitados, ni los circuitos y líneas que harían falta en el futuro. Según contó Albornoz, modificar ese pliego es más difícil de lo que parece, ya que requiere la revisión y aprobación del Concejo Deliberante; mientras tanto, se trata de arreglar -fuera del marco legal-, nuevas modificaciones con la empresa.
«El pliego tiene muchas cosas para cumplir por parte del municipio pero muy pocas para exigirle a la empresa, ése es el marco con el que nos encontramos. El tema de agregar unidades para personas con discapacidades, por ejemplo, eso no figura en el pliego, entonces tenés que predisponer que la empresa esté dispuesta a trabajar este tema. Hemos tenido buen diálogo con ellos, pero tranquilamente pueden decir ‘hasta acá me planto’ y eso te condiciona todo», dijo el funcionario.
La urgencia actual, entonces, es revisar esa ordenanza para actualizar todas las necesidades. Pero de ello se desprende también un abanico de cuestiones irresueltas: subsidios, accesibilidad, seguridad y controles.
Entre otros puntos álgidos que se podrían debatir se encuentran el subsidio al boleto -ronda los 800 mil pesos mensuales-, la accesibilidad, las frecuencias y los controles. Vecinalistas, concejales y usuarios -entre otros actores- expusieron sus opiniones en las páginas del matutino y avizoraron una discusión que se plantea como fundamental en ese aspecto.
