Robo en el “Juan XXIII”: Formalizan investigación preparatoria de juicio contra dos jóvenes

Maximiliano Martín Cano (18) y Brian Alexis Montoya (18), fueron procesados por el juez Alejandro Rosales como presuntos autores del delito de robo. Los jóvenes fueron detenidos el último domingo, luego que los vecinos del…

martes 04/10/2022 - 17:08
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Maximiliano Martín Cano (18) y Brian Alexis Montoya (18), fueron procesados por el juez Alejandro Rosales como presuntos autores del delito de robo.

Los jóvenes fueron detenidos el último domingo, luego que los vecinos del barrio “Juan XXIII”, le indicaran a la policía que los adolescentes habrían ingresado a una vivienda de donde sustrajeron   un televisor. Asimismo, se informó que, al sonar la alarma de la casa, los sospechosos escondieron el elemento en un terreno baldío. Por último, la fiscalía obtuvo un plazo de seis meses para concluir la investigación. En tanto, los imputados, recuperaron la libertad y regresaron a su lugar de origen en la ciudad de Comodoro Rivadavia.   

En el acto judicial, la fiscalía estuvo representada por la fiscal Laura Castagno y el abogado de fiscalía Alexis Ubilla.  Los imputados recibieron el asesoramiento técnico del abogado adjunto del Ministerio de la Defensa Pública, Marcelo Catalano.

En la ocasión, Ubilla, relató la pieza de apertura de investigación preparatoria de juico. En este marco, indicó que el hecho se registró el domingo 02 de octubre, a las 18, en una vivienda ubicada en las calles Edgardo Larreguy y 13 de diciembre.

En esa ocasión, los imputados, rompieron el vidrio de una ventana e ingresaron a la casa. Allí sustrajeron un televisor. Cuando se retiraban del lugar se activó la alarma. Por esta razón decidieron esconder el elemento detrás de los pastizales de un terreno baldío. Luego continuaron caminando por la calle Larreguy.

En este contexto, se informó que los vecinos se acercaron a la damnificada y describieron las características de los sospechosos.

Unos minutos más tarde llegó el personal policial. Recorrieron el sector y luego de identificar a los adolescentes procedieron a su detención.

Así las cosas, la representante de fiscalía peticionó al magistrado que declare legal la detención de Cano y Montoya. También requirió un plazo de seis meses para concluir la investigación.

En otro orden de solicitudes, pidió que se dicte una orden de prohibición de contacto y acercamiento entre los procesados y la familia damnificada.

Finalmente, propuso que, al concluir el acto judicial, los jóvenes se presenten en las oficinas del Área de Criminalísticas a los fines de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas. Con respecto a la calificación legal provisoria escogida, indicó que se debe investigar a los jóvenes como presuntos autores del delito de robo tentado.

A su turno, el defensor Catalano, formuló una oposición al pedido de declarar legal la detención de sus defendidos. En este sentido, consideró que hay una distancia de siete cuadras desde donde ocurrió el hecho, hasta el lugar en el que detuvieron a los imputados.

A ello agregó las imágenes de las cámaras de video vigilancia del sector, no son coincidentes con las características de la ropa que llevaban puesta los adolescentes cuando la policía los detuvo.         

En este orden de ideas, Catalano, también se opuso al pedido de apertura de investigación. El defensor refirió que no hay elementos, con el grado de probabilidad que se requiere en esta etapa, para poder atribuir a los sospechosos que son los autores del hecho. Asimismo, manifestó su oposición al pedido de establecer una orden de prohibición de contacto y al secuestro de prendas de vestir de los imputados.

Luego de escuchar los pedidos de las partes, el juez Rosales resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra Maximiliano Cano y Alexis Montoya, como presuntos autores del delito de robo en grado de tentativa. Asimismo, hizo lugar a la declaración de legalidad de la detención y al plazo de investigación requerido. También autorizo la presentación de los imputados en la oficina de identificación de personas y dispuso una orden de prohibición de acercamiento y contacto personal de los imputados con la familia damnificada.

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