El funcionario desmintió que la movilización tuviera como fin entregar un petitorio y ratificó la avanzada judicial y administrativa del Gobierno: se radicaron denuncias penales, se fijaron perimetrales a favor de los empleados, se giraron los sumarios para cesantía o exoneración, y se demandará civilmente a los responsables para que costeen las reparaciones materiales con sus propios recursos.
El Gobierno Provincial adoptó una postura de extrema severidad frente a los hechos de violencia y destrozos perpetrados por manifestantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la sede de la Supervisión de Escuelas y Delegación Administrativa de la Región IV, en Comodoro Rivadavia. En una entrevista radial, el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, rompió el silencio para calificar la protesta como un acto «violento e ilegal» que pretendía la toma por la fuerza de un edificio público.
El funcionario fundamentó la ilegalidad del reclamo al recordar que el Ministerio de Trabajo había dictado previamente la conciliación obligatoria, por lo que las medidas de fuerza carecían de sustento jurídico. «Es una manifestación violenta, buscada, a eso fueron, a romper todo. Ni el ministerio y por supuesto el gobierno de la provincia va a permitir que se normalicen y naturalicen prácticas de este tipo de ningún integrante de este ministerio», sentenció con firmeza el titular de la cartera educativa.
Desmentida sobre el petitorio y denuncia de «intento de toma»
Durante el diálogo periodístico, Punta echó por tierra las versiones de la conducción gremial que justificaban la irrupción violenta en la necesidad de entregar un pliego de reclamos salariales. «Nunca pidieron dejar nada, nunca, nunca. Fueron derecho a eso, usted lo puede ver en las imágenes. Jamás dejaron un petitorio, de hecho tuvimos una reunión paritaria el jueves y dejaron el petitorio el jueves en el marco de la conciliación obligatoria», pormenorizó el ministro en diálogo con LU20 Radio Chubut, describiendo el accionar de personas encapuchadas que arrojaban piedras y palos.
Para las autoridades, la verdadera intención de la facción estatal excedía la protesta gremial habitual. «Ellos querían ingresar al edificio, evidentemente querían tomarlo. La idea era esa, pero empezaron por romperlo por las dudas», analizó el ministro. En ese marco, ensalzó la figura de la delegada administrativa regional, Natalia Pereyra, por la «entereza absoluta» demostrada para sostener la legalidad dentro del edificio mientras se registraban agresiones contra el personal y efectivos policiales lesionados.
Avanzada judicial: denuncias, perimetrales y demanda civil
Frente a la advertencia del cronista respecto a que los procesos suelen quedar truncos en los pasillos de los tribunales, el ministro aseguró que las instrucciones del gobernador Ignacio Torres son avanzar hasta las últimas consecuencias. En tal sentido, ratificó que la delegada Pereyra formalizó las denuncias penales correspondientes en sede policial inmediatamente después de la refriega.
Un dato revelador aportado por Punta es que los propios trabajadores que se encontraban cumpliendo funciones dentro de la Supervisión decidieron accionar contra los manifestantes. «Lo que ellos dicen defender con una hipocresía total es a los trabajadores, y los trabajadores denunciaron a estos dirigentes. Los trabajadores que estaban adentro denunciaron y se estableció una perimetral» con nombre y apellido para resguardar la integridad física de las víctimas.
Asimismo, el ministro de Educación confirmó que el Estado activará los mecanismos de la Justicia Civil para resarcir las arcas públicas. «Eso deriva en una denuncia civil que nosotros vamos a hacer para que paguen lo que rompieron», ratificó, en sintonía con la premisa oficial de que los responsables afronten los costos de las refacciones edilicias con sus propios patrimonios personales.
Sumarios express en busca de la «cesantía o exoneración»
En el plano estrictamente laboral y de estatuto público, el Ministerio de Educación aceleró los tiempos de sanción interna para los agentes que participaron de las agresiones y destrozos en Kilómetro 3.
«En el día de hoy van a estar caratulados y girados los sumarios administrativos» hacia las áreas de control del Estado. Punta no dudó en señalar cuál debe ser la resolución final para los empleados que atenten contra el patrimonio común: «Nosotros ponemos los antecedentes y los giramos a sumario para, en el caso que correspondiera, llegar a la cesantía o la exoneración, que es lo que yo puedo vislumbrar hacia dónde se encamina la cuestión».
«A mí me encantaría que sea así. No se puede permitir que un empleado público, que cobra encima de los tributos del Estado, rompa el edificio que el Estado le asigna para que cumpla sus funciones», concluyó el jefe de la cartera provincial.
Medidas dispuestas por el Ministerio de Educación:
- Vía Administrativa: Elevación inmediata de sumarios internos con pedido de cesantía o exoneración para los estatales identificados en los desmanes.
- Estrategia Penal: Denuncias por destrozos y agresiones, sumadas a medidas cautelares de restricción perimetral solicitadas por las propias víctimas civiles.
- Acción Civil: Demanda económica del Estado provincial para obligar a los responsables a pagar las reparaciones materiales de su propio bolsillo.
- Institucional: Respaldo y felicitación del gabinete a la funcionaria Natalia Pereyra por la contención del ataque al edificio de la Región IV.
