Desde la Subsecretaría de Medios y Comunicación Pública, el titular de la misma, Juan Martín, dio cumplimiento ayer a lo solicitado por legisladores de la UCR acerca de las pautas oficiales.
Durante la tarde del lunes, ingresaron a la Legislatura las carpetas con la información solicitada días atrás por diputados de la bancada radical al Poder Ejecutivo Provincial.
La Legislatura de la Provincia había prorrogado el plazo acordado al Poder Ejecutivo para que responda un pedido de informes vinculado con la contratación de publicidad oficial durante el corriente año, decisión que no fue acompañada en su momento por el bloque de la Unión Cívica Radical, impulsor en su momento de la iniciativa.
Roberto Risso expresó que en la gestión anterior no se ponía a su disposición lo que solicitaban por lo que terminaron haciendo una denuncia penal contra Daniel Taito, quien será citado en los próximos días y advirtió que si no llegaba esta respuesta, el actual subsecretario Martín bien podría haber terminado en el mismo lugar.
“No hay nada que justifique esta prórroga, máxime cuando estamos hablando de una cuestión que no requiere elaboración ni ninguna operación compleja para dar respuesta al pedido de informes”, había señalado Risso, con una propuesta de rechazo a la solicitud de prórroga que no tuvo el acompañamiento del bloque mayoritario.
Pero la anhelada respuesta por parte del diputado provincial finalmente llegó: el material en cuestión incluye el detalle de pagos, contrataciones y montos abonados a diversas empresas, copia del registro de publicidad oficial con las contrataciones realizadas desde el 1 de enero del corriente año y del registro de agencias de publicidad. Asimismo, se entregó el detalle de los pagos por contrataciones por servicios de informática y consultoría en informática, así como el registro de proveedores del Estado.
Junto con esta documentación, provista desde la Subsecretaría de Medios y Comunicación Pública de la Gobernación, se brindó a los legisladores una profusa explicación sobre los procesos administrativos y otras cuestiones normativas.
La entrega de esta información se da luego de que desde el Poder Ejecutivo se solicitara aquella prórroga, dado el volumen de la información a procesar, que requirió la asignación exclusiva de dos agentes de la administración pública para su recopilación e impresión.
