El proyecto de Presupuesto 2027 propone eliminar la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), mantiene sin un mecanismo de actualización preestablecido a la Prestación Alimentar y modifica aspectos centrales de las coberturas para personas con discapacidad. En Educación, contempla una mejora de algunas partidas frente a 2026, aunque los análisis privados advierten que los recursos continuarían en varios casos muy por debajo de los niveles de 2023.
Uno de los principales cambios está en el artículo 17, que propone derogar los artículos de la Ley 27.160 que establecen la movilidad de la AUH y otras asignaciones familiares. De aprobarse, los montos dejarían de actualizarse de manera automática y el proyecto no fija otro mecanismo, parámetro ni periodicidad mínima para los aumentos.
En un documento publicado este jueves, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) cuestionó esa modificación porque, dijo, “vuelve completamente discrecionales los aumentos y pone en riesgo el valor de la AUH y su capacidad de cobertura”.
La Prestación Alimentar, en cambio, ya funciona con aumentos discrecionales y ACIJ marcó ese antecedente como uno de los riesgos de eliminar la actualización automática de la AUH. Mientras las prestaciones atadas a la movilidad recuperaron un 31,9% real desde 2023, las no indexadas —entre ellas, Alimentar— sufrieron un recorte del 50,5%, y esa ayuda permaneció 23 meses sin aumentos, de acuerdo con ese análisis. “La pérdida de poder adquisitivo es notablemente superior en las prestaciones no indexadas”, alertó ACIJ.
La AUH y Alimentar frente al costo de los alimentos
La AUH cubrió en promedio el 63,7% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) entre junio de 2024 y agosto de 2026, mientras que la Prestación Alimentar representó un 25,4%. En conjunto, ambas alcanzaron una cobertura promedio de 89,2%, según los cálculos de ACIJ. En abril de este año, antes del aumento de Alimentar, el porcentaje conjunto había caído a 83%.
En mayo, la cobertura de la Prestación Alimentar subió de 19,5% a 26,3% de la CBA y el alcance conjunto con la AUH pasó de 83% a 90,4%.
La actualización mensual de la AUH permitió mejorar y sostener su relación con el costo de los alimentos desde junio de 2024, según ACIJ. El análisis utiliza el comportamiento de Alimentar durante los 23 meses en los que no recibió aumentos para cuestionar que la asignación por hijo también quede sin una fórmula automática. “Esto no significa que no puedan ser aumentadas, pero la existencia de una regla fiscal que no contempla una perspectiva de derechos puede suponer un serio obstáculo para incrementos presupuestarios no previstos en la ley”, sostuvo.
La inversión en educación seguiría lejos de 2023
De acuerdo con el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, el Presupuesto 2027 contempla un incremento real de la inversión en Educación y Cultura que, según estimó ACIJ, pasaría de $10,6 billones a $11,2 billones a precios constantes, una mejora de alrededor de 6% frente a este año. Sin embargo, advirtió que, aun con esa recuperación, el nivel sería 44% inferior al de 2023.
La caída acumulada es más profunda en algunos programas. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que el presupuesto previsto para Formación Docente quedaría 87,6% por debajo de 2023; Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes, 79,4%; e Infraestructura y Equipamiento, 94,1%. En Conectar Igualdad, la reducción llegaría al 100%.
En las universidades nacionales, el proyecto de Presupuesto 2027 prevé un aumento real de apenas 0,3% frente a 2026. Según un informe específico de CEPA sobre financiamiento universitario, los recursos quedarían 25,2% por debajo de los niveles de 2023. Si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario, en cambio, ascenderían a $9,74 billones a valores de 2027, 29,8% por encima de lo contemplado en el proyecto.
“En 2027 las universidades recibirían $7,5 billones, un 32% menos que los $11 billones que el CIN estimó necesarios para garantizar un funcionamiento adecuado. El presupuesto universitario representaría apenas el 0,53% del PBI, por debajo de los niveles de gran parte de los últimos 20 años”, planteó el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, en su cuenta de X.
También advirtió que el salario docente “continuaría un 30,5% por debajo del nivel de diciembre de 2023″ y que “los gastos de funcionamiento caerían casi un 8% respecto de 2026 y un 50%” en la misma comparación. Según datos del CEPA, hoy permanecen 25% por debajo de noviembre de 2023.
“El presupuesto por alumno se ubicaría en uno de sus niveles más bajos de los últimos 20 años y sería un 28% menor que hace una década. La UNAM (México) recibe casi 5 veces el financiamiento por alumno que recibe la UBA y la Universidad de San Pablo recibe más de 10 veces el financiamiento por alumno que recibe la UBA. La partida para infraestructura y equipamiento caería un 50% respecto de 2026 y un 92% respecto de 2023″, detalló Yacobitti.
Discapacidad: críticas a los cambios en pensiones, prestaciones y cobertura de salud
El proyecto de Presupuesto 2027 también modifica el esquema vigente de las coberturas para personas con discapacidad. Entre los cambios, mantiene la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral en el 70% de la jubilación mínima, establece su incompatibilidad con un empleo formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado y elimina la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social creada por la Ley de Emergencia.
ACIJ cuestionó la eliminación de esa prestación porque la pensión que quedaría vigente tiene “requisitos para acceder a ella más restrictivos” y, según el análisis, esos requisitos “desconocen abiertamente las obligaciones que asumió la Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. El documento también destacó que la prestación creada por la Ley de Emergencia “es compatible con el trabajo” y relacionó esa condición con “la necesidad de incentivar la inclusión laboral de este grupo y considerar los gastos adicionales en los que incurren las personas en razón de su discapacidad”.
Para la pensión por invalidez laboral, el presupuesto proyecta una recuperación real de 8,5% frente a 2026. ACIJ señaló que ese aumento “no alcanza los niveles de años anteriores” y que los fondos seguirían 26,5% por debajo de 2023. En el caso de Incluir Salud, que brinda cobertura sanitaria a los beneficiarios de estas prestaciones, advirtió sobre “una tendencia preocupante”, dado que el presupuesto caería 13,9% respecto de 2026 y 19% frente a 2023.
En cuanto al cambio en el Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas, que permite que cada financiador acuerde los valores con los prestadores y deja atrás el arancel único, alertó que podría generar diferencias de cobertura según el valor que reconozca cada organismo y sostuvo que puede convertirse en “un factor de desigualdad” en el acceso a los servicios.
