Si bien el programa acordado con el Fondo Monetario no implica nuevos tributos, subirá la carga fiscal este año. Los motivos que la afirman en el segundo lugar más alto en América latina.
El nuevo programa acordado con el FMI, que tras un intenso debate obtuvo finalmente aval en la Cámara de Diputados -aunque a medias- no contempla nuevos impuestos para lograr una reducción del déficit fiscal, según publica Infobae.
El acuerdo propone una baja en subsidios, por el lado del gasto, y desde los ingresos prevé una mejora en la recaudación a partir de una mejor administración tributaria y de otras medidas que implicarán que la presión tributaria efectiva (recaudación/PBI) crezca este año en la Argentina. En definitiva, en principio, no habrá nuevos gravámenes, pero empresarios y familias pagarán más impuestos durante 2022. ¿Cuál es el plan del Gobierno? ¿Qué propone para recaudar más sin asumir el costo político de crear nuevos tributos?
Según el Memorando de Entendimiento, que quedó fuera de la aprobación por parte del Congreso ante la negativa de la oposición, y del propio frente interno, se prevé un aumento de los ingresos a partir de un refuerzo del plan de mejora en la administración tributaria que diseñó la AFIP, y que se dará a conocer a fin de mes, y a partir de las revaluaciones inmobiliarias en todas las provincias, con valores de las propiedades que se acerquen más a los de mercado. Esta decisión no sólo repercutirá en un aumento del monto pagado en impuestos inmobiliarios provinciales, sino que también crecerá la base imponible para Bienes Personales, según explicó a los legisladores de la Cámara baja, la directora general de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
A su vez, se aprobó recientemente una legislación para incrementar la progresividad del régimen del impuesto al patrimonio o la riqueza de las personas (con un rendimiento anual previsto de 0,1% del PBI) y se presentó al Congreso un proyecto de ley para trasladar los impuestos selectivos sobre productos petroleros a un régimen ad valorem, con el fin de proteger los rendimientos impositivos, dice el texto acordado con el FMI. Concretamente, ello implicaría que el Impuesto a la Transferencia de Combustibles se aplique como proporción del precio, en lugar de montos fijos por litro.
Estas medidas implicarán un aumento en la presión tributaria efectiva, que ha ido subiendo en la Argentina de forma consistente, con la excepción del período de gestión de Mauricio Macri, cuando llegó al 30% en 2019, sobre el final del mandato.
Según repasó Marcelo Capello, vicepresidente del IERAL, de la Fundación Mediterránea, la presión tributaria efectiva (PTE) en la Argentina, para el consolidado de tres niveles de gobierno, subió de 21% a 34% del PBI entre 2000 y 2015, luego bajó hasta cerca de 30% en 2019, y posteriormente se elevó hasta 31,5% del PBI, ya con la actual administración.
Es la segunda mayor Presión Tributaria Efectiva en Latinoamérica, después de Brasil, y si se considera la presión tributaria legal (PTL), es decir, la que existiría sin evasión, Argentina se ubica a la par de los países con mayor PTE del mundo, como los europeos”, manifestó el economista ante la consulta de Infobae.
Capello agregó que entre 2019 y 2021 la PTE creció por la inclusión de nuevos impuestos (PAIS, Aporte Solidario Extraordinario) o por la modificación de los existentes (Bienes Personales, Ganancias de empresas, Derechos de exportación). “Un dato no menor -dijo Capello- es que se suspendió la baja de impuestos prevista en el Consenso Federal de 2017, e inclusive se habilitó a las provincias para que suban Ingresos Brutos sobre algunos sectores”. Este año no habría nuevos tributos, pero igualmente la presión impositiva crecerá por lo previamente mencionado.
Según consideró el vicepresidente del Ieral, las medidas planteadas en el acuerdo con el Fondo no son medidas “criticables normativamente, siempre que, si las valuaciones fiscales de inmuebles se acercan a los valores de mercado, los fiscos nacional y provinciales que previamente subieron sus alícuotas en bienes personales e impuestos inmobiliarios porque no actualizaban valuaciones, ahora bajen dichas tasas a niveles razonables”.
“Pero lo acordado con el FMI sí resulta criticable desde el punto de vista positivo y práctico, ya que una necesaria reducción en la presión tributaria legal -lo que un contribuyente debe pagar considerando que no evade- podría financiarse con la reducción en la evasión, mientras que lo acordado implica que podría subir la presión tributaria efectiva, sin bajar la presión tributaria legal”, sostuvo Capello.
