El caso es el de Romina Barría, asesinada por su pareja en octubre de 2016. Los padres de la víctima iniciaron el trámite ante ANSES para que la pequeña hija sea beneficiada hasta los 21 años.
La sede de ANSES en Río Gallegos fue escenario de la primera ocasión en la que se aplicó la denominada Ley Brisa en la provincia de Santa Cruz. Es una ley que otorga a los hijos de mujeres asesinadas por violencia de género una reparación económica mensual de $10.480, equivalente a una jubilación mínima y una cobertura integral de salud.
En este caso, en Santa Cruz el primer caso aplicable fue el que tiene como beneficiaria a la hija de Romina Barría, la mujer que fuera asesinada y quemada por su pareja en octubre de 2016.
Los padres de Romina se presentaron en la sede de ANSES, en la capital provincial, donde fueron recibidos por el titular de la Regional Sur, Carlos Ziehlke, y la titular de la UDAI Río Gallegos de la ANSES, Daniela D’amico, quienes encabezaron un breve acto para anunciar este primer caso en la provincia.
Luego de finalizar los trámites, los padres de Romina recibirán de forma retroactiva el dinero que, por ley, debe comenzar a pagarse desde el momento en que el femicida es procesado.
La ley fue aprobada en el Congreso el 4 de julio de 2018, dando vigencia a la norma por la cual los chicos que se encuentren en esa situación van a tener un acompañamiento integral por parte del Estado. La norma se la conoce como «Ley Brisa», a raíz del nombre de pila de la hija menor de Daiana Barrionuevo, quien fue asesinada a golpes por su ex pareja y padre de sus tres hijos en diciembre de 2014.
El beneficio, que podrá ser tramitado a través del Instituto Nacional de las Mujeres, equivale a un haber jubilatorio mínimo e incluye una cobertura integral de salud hasta los 21 años de edad, beneficios que tendrán carácter vitalicio en caso de que sean personas con discapacidad.
Los beneficiarios serán «las niñas, niños y adolescentes, cuyo progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora», indica la ley. También se incluye los menores donde «en la causa penal donde se investigue el homicidio de su progenitora, se haya declarado extinguida por muerte; o que cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género».
En la mañana del 4 de octubre de 2016, en Río Gallegos se conoció el femicidio de Romina Barría, trabajadora y madre de una niña, que fue encontrada sin vida después de que un incendio consumiera su hogar. La noticia rápidamente corrió entre los vecinos, al saber que la ex pareja de Romina se había fugado con la hija de ambos.
En el transcurso de la tarde, producto de la inmediatez y la reacción de la población difundiendo por todas partes el rostro del femicida, de la niña y el auto en el que habría huido, pudo ser detenido en Comandante Luis Piedrabuena a 240km de la capital. Según indicaron sus familiares, Romina había denunciado a Huenumil dos semanas antes de este tremendo desenlace.
