En la sesión que esta tarde se desarrolló en la Legislatura fue acompañada la iniciativa impulsada por el bloque de la UCR para que la ministro de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, concurra a la Cámara el próximo jueves 13, para responder sobre 9 puntos que fueron consensuados con otros bloques parlamentarios, y que en todos los casos están referidos al proyecto de expropiación de la firma Alpesca.
De acuerdo al cuestionario, el primer punto que debería responder la funcionaria, es que acompañe los dictamines jurídicos, contables y técnicos que den sustento a la Expropiación. En segundo lugar, se piden los dictámenes del Fiscal de Estado y Contador General de la Provincia. Y en tercer orden, que se informe monto discriminado que adeuda la Empresa ALPESCA S.A. al Estado Provincial en cualquier concepto y naturaleza.
Luego el interrogatorio sigue con el punto 4, sobre los montos aportados por el Estado Provincial en concepto de Préstamos, Subsidios, y pagos de subsidios a los trabajadores, desde el mes de Noviembre del 2013 a la fecha. Mientras en el quinto punto se pide que informe sobre la existencia de reglamentos o convenios contractuales de la Empresa, si obran transgresiones a los mismos y en caso afirmativo adjunte documentación que la acredite, todo ello en el marco de la Ley IX-N°6(antes Ley 826) artículo 3° último párrafo.
En el punto 6 se solicita a Dufour que detalle quienes son los titulares registrales de los Bienes Muebles e Inmuebles que se pretende expropiar, al igual que los titulares de las Empresas, según la Inspección General de Justicia y si esta información coincide con la encontrada en la Empresa Alpesca S.A. Y la pregunta 7 exige que informe ampliamente la ecuación económica que justifica la expropiación del número propuesto de buques y no más o menos.
En el octavo ítem, se pide que atento a lo expresado en el artículo 3° del Proyecto de Ley, informe que implica el armado y disposición de Buques, partiendo de la base de cual el estado actual de los buques, viabilidad, y costo de reparación en su caso. Y finalmente, la novena pregunta requiere un análisis en general relacionado con todos los antecedentes, dictámenes jurídicos, contables, y todo otro tema que involucre al dictado en el Proyecto de Ley mencionado precedentemente y en el dictado del Decreto N° 180/14.
Falta de respeto
Al fundamentar el tema hoy en el recinto, el presidente del bloque radical, Roberto Risso, cuestionó el discurso del gobernador Martín Buzzi, quien “dijo algo que a nuestro entender es grave: que ahora sobre Alpesca, la solución depende de la Legislatura. Esto además de ser irrespetuoso es poco menos que temerario cuando se trata de una cuestión que genera mucha preocupación y que muchas personas están esperando una solución a un problema que no generó este Parlamento y tal vez esté lejos de su alcance una solución”.
Recordó que en la interpelación del año pasado, Dufour negó que se fuera a avanzar en una expropiación, por lo que ahora “debe ser explicada, es una figura que es una excepción a la garantía constitucional de protección del derecho de propiedad, es una autorización extraordinaria al estado”.
“Por eso la ley exige requisitos fundamentales, por ejemplo, que la declaración de utilidad pública la haga el Parlamento y que sea indemnizada previamente, y que alguien debe establecer el valor de los bienes que se van a expropiar”, sostuvo Risso, y repasó lo que fue en su momento la expropiación del edificio de Ados en Trelew durante la gestión radical, “que quedó en manos de la provincia, y nunca se fue del estado. Los propietarios, que eran un grupo de médicos de Trelew, cobraron, no hubo juicio”.
Señaló el diputado que “la expropiación es un negocio descomunal, había que hacer un concurso preventivo, pero esto requiere los libros, pero leí que el Cura Segundo acusa a Otero de haberle robado los libros”. Se preguntó si este proyecto “¿es para que alguien haga un negocio o para salvar la empresa? Porque como lo plantea el gobernador los trabajadores no están incluidos. En un proceso de este tipo, los dueños cobran”.
Luego preguntó “¿cómo sabemos cuánto vale Alpesca? Ese es el derecho que corresponde al propietario si le expropian, si no puede hacer un juicio”. Y luego agregó “¿cuánto van a ganar los abogados? Si se pone un monto como el de $ 5 millones es poner un piso para una demanda futura. El negocio del propietario es el juicio”, advirtió.
“En tanto en un concurso, los laburantes tienen privilegio sobre cualquier otro crédito y son los primeros que cobran. En este caso van a quedar últimos, porque no tienen privilegios. Los trabajadores no van a cobrar”, afirmó Risso, agregando que con la expropiación “los que tengan plata le van a comprar al trabajador el crédito por dos mangos, para que no tenga que esperar el juicio. ¿Todo esto no lo piensan quienes lo asesoran al gobernador, que es un error descomunal?”
Narcotráfico
Para Risso, “la expropiación está así de cerquita del encubrimiento”, al aludir que “¿alguien puede creer que le robaron los libros a Segundo? ¿Alguien pensó lo que puede encontrar allí un contador? ¿Cómo se financió estos años Alpesca? Ahora se va a tapar todo, nunca vamos a saber lo que pasó”.
Señaló que “el proyecto no habla de expropiar la empresa y su razón social, sino los muebles, los barcos. Los directores siguen impolutos para cobrar la plata”. Y leyó versiones periodísticas sobre una reunión del gobernador Martín Buzzi con el titular del SOMU, Omar “Caballo” Suárez, quien con su empresa participarían después del salvataje. Remarcó el diputado que se trataría de la empresa Maruba, que “dicen que está vinculada al Chapo Guzmán en la Argentina y a la ruta de la efedrina”.
Insistió en que “encima se llevaron el escanner del puerto, ¿qué creen que piensa la sociedad? Es una falta de respeto que venga el gobernador a decir la solución de Alpesca la tienen ustedes. ¿Quiere que después nos vengan a exigir los trabajadores porque no cobraron? Ninguno de los diputados quiere quedar involucrado en un negocio que beneficie al Cura Segundo o algún personaje oculto detrás”, advirtió.
Dejó en claro Risso que “la única alternativa es el proceso de la ley con un concurso, y si no con una quiebra. Acá habría que conformar una comisión especial, ya que se pidió un gran acuerdo político, integrada por los ex gobernadores, que son de distintos colores partidarios y quieren lo mejor y son los mejores asesorados. Que se haga en ese marco para discutir un proceso de salvataje”, propuso.
Finalmente indicó que “nadie explicó por qué la expropiación y no la quiebra” y destacó que “en un concurso la masa de trabajadores son acreedores y se puede establecer un plan de salvataje pero sin que se lleven mil millones de pesos”.
