Denuncian que se entregaron soluciones habitacionales a personas sin documentación regularizada, mientras propietarios históricos afrontan reducciones drásticas en sus metros cuadrados o continúan esperando terrenos.
La catástrofe geológica del Cerro Hermitte, que dejó inhabitable a un sector del barrio Sismográfica, no solo abrió una crisis habitacional sin precedentes en Comodoro Rivadavia, sino que también encendió un tenso debate social sobre la equidad, la transparencia y los méritos a la hora de recibir asistencia estatal.
En declaraciones a El Comodorense Portal de Noticias, Beatriz Zamora, vecina perjudicada por el deslizamiento, visibilizó el malestar reinante entre los damnificados que contaban con escrituras, construcciones consolidadas y cumplimiento impositivo.
«Hace 26 años que estamos en el barrio con los impuestos al día. Compramos el terreno por inmobiliaria y resulta que al momento del reclamo figurábamos como si éramos usurpadores. Da mucha angustia y bronca ver cómo gente que no tenía ni un papel, ni los impuestos pagos, hoy recibe una casa o un módulo antes que aquellos que trabajaron toda su vida», sentenció Zamora.
La brecha entre lo perdido y lo adjudicado
El cuestionamiento apunta no solo a la velocidad con la que se priorizó a ciertos sectores, sino también a la disparidad entre el patrimonio destruido y las soluciones habitacionales otorgadas por el Municipio y la Provincia.
Según relataron los propios afectados, familias con propiedades de grandes dimensiones, quinchos y múltiples ambientes están siendo reubicadas en módulos prefabricados de tan solo 33 metros cuadrados o en unidades de dos dormitorios que resultan insuficientes para familias numerosas. Esto ha llevado a que varios vecinos inicien procesos de impugnación y rechazo formal ante los organismos de vivienda.
«Nosotros teníamos casas de calidad, construidas con esfuerzo de años. A mi hijo, que tiene seis pibes, lo tiran a una casa chiquita. Mientras tanto, hay terrenos para rearmar viviendas que no sabemos por qué el Municipio no termina de entregar», cuestionó la vecina, poniendo la lupa sobre la gestión de los recursos públicos.
Un sistema que genera sospechas e impotencia
Si bien la Comuna mantiene la asistencia a través de subsidios paliativos para el pago de alquileres —monto que ronda entre los $600.000 y $700.000—, entre los damnificados crece la sensación de injusticia por la falta de un registro transparente que premie el esfuerzo contributivo y la legalidad de la ocupación previa.
Con la resignación de haber perdido el fruto de una vida de trabajo en la sanidad, Zamora concluyó remarcando la brecha entre los tiempos del ciudadano y los de la burocracia política: «Lamentablemente los tiempos de los funcionarios no son los mismos que los de la gente. Uno puso todo, tenía su casa lista y se volvió todo para atrás, teniendo que empezar de cero pero con la bronca de ver cómo se dieron las cosas».
