Después de días de versiones y tras llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció finalmente las medidas con las que busca contrarrestar el impacto de la devaluación del tipo de cambio oficial mayorista, y la consecuente inflación, en los bolsillos de jubilados, trabajadores y población vulnerable. Sin embargo, distintos economistas consultados por el medio LA NACION consideraron que tendrán un impacto acotado y un costo fiscal que complicará aún más cumplir con la meta con el organismo.
Según los cálculos del director de la consultora EcoGo Sebastián Menescaldi, el paquete de medidas es de solo el 0,3% del PBI anual. “De manera adicional, la suba de los $30.000 mensuales en el sector privado, dado que el sueldo promedio hoy sería de $350.000, tendría un impacto de 8,6% positivo. Ahora, los salarios vienen creciendo a un ritmo promedio mensual de 7,2% en el año; teniendo en cuenta que el bono sería absorbible por nuevas paritarias, la suba efectiva sería de 1,4%. Más allá de eso, el incremento es inferior a la inflación que estamos previendo para estos meses, con lo cual en la realidad no sirve ni para sostener los salarios en términos reales”, agregó.
“No veo nada distinto que realmente vaya a mover el amperímetro o que vaya a generar un cambio de expectativas”, opinó, por su parte, Gabriel Caamaño, de Estudio Ledesma. “La suma fija de $60.000 para los privados absorbible por la paritaria va a terminar generando que las revisiones que estaban previstas para septiembre en adelante, que ya iban a tener esos incrementos, las van a terminar absorbiendo, y probablemente de una u otra manera van a usar eso porque es una suma no remunerativa. Me parece que es todo lo mismo y, en el caso de lo que afronta el Estado, obviamente va a tener un costo fiscal, lo cual va a volver más inalcanzable la meta fiscal con el fondo”, completó.
Por su parte, el director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, coincidió en que las medidas que dependen del Gobierno tienen un costo fiscal, pero señaló que casi todo está concentrado en el corto plazo. “Es como que después de las malas noticias de las PASO, finalmente empezaron a hacer este impulso fiscal antes de las elecciones. Estamos percibiendo un fogonazo inflacionario muy fuerte producto de la devaluación, y en el corto plazo el Gobierno necesita revertir esa merma de ingresos real, sobre todo entre los que cobran menos. Y, de esta manera, llegarían un poquito mejor a octubre”.
Por último, la directora de C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, consideró que el Gobierno anunció una especie de “plan platita acotado” porque asume que la inflación en agosto y septiembre va a ser elevadísima y que eso destroza el poder de compra ya alicaído de la mayoría de la población. “Yo diría que es un paliativo muy acotado, que apunta a un sector chico de la población y que obviamente, si se va a financiar con emisión monetaria, va a ser difícil que después no termine yendo a su vez a inflación”, apuntó.
