La diputada de Cambiemos, Jacqueline Caminoa, presentó un proyecto que busca anular el decreto 712/04 y su modificatorio 74/05 y retrotraer todos los actos administrativos que se hayan desprendido de dicha normativa.
En caso de que el borrador sea ratificado por la Legislatura, todas las ventas de tierras con bosques nativos que se hayan enmarcado en esta norma quedarán sin validez.
La gestión del ex gobernador Martín Buzzi denunció una ola de irregularidades con la venta de tierras en la zona cordillerana en la gestión del dasnevismo y el concepto de “curro verde” volvió a revitalizarse y a circular en el ámbito político. Con el cambio de gestión, es Mario Das Neves quien viene promoviendo una modificación constitucional que reorganice el Instituto Autárquico de Colonización y todo el manejo de las tierras.
De esta forma, Caminoa presentó en la última sesión un proyecto al que accedió el portal El Chubut, que busca desarticular el controvertido decreto 74/05. El borrador pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el legislador madrynense José Grazzini y podría estar en el orden del día de la próxima sesión, que será el martes 22 de marzo.
El documento delineado por Caminoa tiene como objetivo medular retrotraer todos los actos administrativos que se desprendieron del decreto 74/05. En caso de que esta iniciativa sea aprobada, generará un desmoronamiento de ventas originadas por estas normas y tendrá un gran impacto legal.
Ejes del Proyecto
El artículo 1º solicita que se declare “insanablemente nulo de nulidad absoluta y carentes de validez desde su dictado el decreto Nº 712/04 y su modificatorio decreto Nº 74/05, ambos del Poder Ejecutivo provincial”.
Además, sintetiza que la nulidad dispuesta en el artículo 1º “comprende también la invalidez absoluta de los actos administrativos emitidos con arreglo o en virtud de dichos decretos, como así también la de los contratos administrativos y títulos de propiedad a favor de particulares que se hubiesen otorgado por aplicación de los decretos mencionados sobre tierra fiscal con bosque nativo, con posterioridad al dictado de los decretos”.
Asimismo, el proyecto estipula la intervención de la Fiscalía de Estado con la finalidad de que pueda relevar los actos administrativos, contratos, y títulos de propiedad entregados por la vigencia de ambas normativas. En este sentido, según explica el documento legislativo, Diego Martínez Zapata tendrá “un tiempo de seis meses” contado desde la entrada en vigencia de la Ley (en caso de que sea aprobada) para emitir y notificar sobre los contratos y títulos de propiedad.
