La titular del PRO -de licencia para hacer campaña electoral- Patricia Bullrich denunció esta semana al ministro de Justicia, Martín Soria, después de que entrara en vigencia la intervención de su fundación por un plazo de 180 días hábiles.
El ministerio de Justicia encabezó la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES) que fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo por presuntas irregularidades económicas, pero la titular del PRO acusó al Gobierno de usar el caso para «correr la atención de su gestión desastrosa».
La fundación presidida por Patricia Bullrich está sospechada de ser parte del presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial, y el juez Lijo ordenó su intervención tras reparar en las «irregularidades contables» que ya habían sido detectadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que depende del Ministerio de Justicia.
«La entidad ha realizado gastos destinados a financiar, al menos en parte, actos de campaña política«, sostuvo el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, en su resolución.
Tras acusar de persecución política al ministro de Economía, Sergio Massa, la titular del PRO y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio dirigió sus esfuerzos a pelear la causa ante el poder Judicial.
Así, esta semana la abogada de Patricia Bullrich, Silvina Martínez, afirmó que «lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista».
«No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó», señaló Martínez al dar cuenta de que «se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa».
«Menciona el titular de la IGJ que se pone en dudas la real existencia de la actividad educativa y su vinculación con el objeto social por el solo hecho que algunas de las actividades se organizan bajo la forma de seminario, almuerzos o cenas. Como si solo pudieran dictarse charlas en un horario determinado y bajo una modalidad establecida en la cabeza de Ricardo Nissen», agregó.
Para la abogada, la causa en contra de Bullrich se manejó «en secreto» y detalló que la intervención se produjo a pesar de que la Justicia rechazara la posibilidad de proceder.
«Desde el año 2014 el Ministerio de Justicia no interviene una entidad civil. 9 años!!! [sic] Ello porque la ley orgánica de la IGJ (22315) establece que el organismo puede solicitar al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención en los siguientes casos: 1) si verifica actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del reglamento; 2) si la medida resulta necesaria en resguardo del interés público; 3) si existen irregularidades no subsanables; 4) si no pueden cumplir su objeto. Nada de esto ocurre en el caso», concluyó en su escrito la abogada.
