El bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical ratificó su postura de avanzar en el esclarecimiento total de la real evolución del proyecto energético Ingentis y consideró que el análisis de la documentación colectada encuadraría a los responsables en figuras del Código Penal.
“No compartimos las propuestas de interpelar a ningún ministro sobre esta cuestión, ya que entendemos que son suficientes los argumentos y pruebas para presentar una denuncia penal”, señaló el diputado Carlos Lorenzo.
El proyecto energético Ingentis, originalmente destinado a instalar una central térmica combinada en Dolavon y a generar 1200 puestos de trabajo con una millonaria inversión en dólares, según los anuncios oficiales, reconoce su origen en un convenio firmado en noviembre de 2006 entre los gobiernos nacional, provincial y la empresa Emgasud S.A.
Lorenzo mencionó la posibilidad de investigar los resultados de la intervención accionaria del Estado Provincial, cuyas pérdidas serían millonarias, a la luz de las figuras de malversación de caudales públicos (art.260 y 262 del Código Penal) y también como partícipes primarios del delito de administración fraudulenta del artículo 173 inc. 7 ó art. 174 inc. 4.
Acerca de la difusión de un pedido de informes del Tribunal de Cuentas de la Provincia, el diputado provincial mostró su acuerdo en que “se avance también en las responsabilidades que han tenido sus integrantes en este tema”.
“El pedido difundido es totalmente extemporáneo. La plata de todos los chubutenses ya se ha gastado hace dos años y a pesar de las presentaciones hechas no se ocuparon de la cuestión”, enfatizó.
“El llamativo comportamiento del Tribunal de Cuentas aparece como un efecto de los resultados electorales del 20 de marzo. Su repentino interés no lo exime de la dejadez que mostró a pesar de las advertencias”, añadió.
El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical ya había advertido en la sesión legislativa en la que se aprobó un pedido de informes presentado por el diputado justicialista Javier Touriñán sobre la evolución del emprendimiento y la participación accionaria de la provincia, especialmente a partir del anuncio oficial de la compra del 50 % al holding privado mayoritario que interviene en la iniciativa.
El bloque radical participó y fijó su postura en el debate con la intervención de los diputados Carlos Lorenzo y Roberto Risso, quienes señalaron la preocupación del sector por esclarecer la marcha del proyecto y el desinterés del Poder Ejecutivo en responder pedidos de informes anteriores presentados en la Legislatura Provincial.
En marzo último, asimismo, ante expresiones públicas del ex ministro Norberto Yauhar, la Unión Cívica Radical insistió en que más que “una mala inversión estamos frente una actividad dolosamente urdida con un objetivo de defraudación” y condenó el comportamiento del ex funcionario provincial por responder a la urgente necesidad de “querer sacarse el lazo de encima”.
(Prensa UCR)
Para la UCR hay argumentos para una denuncia penal
El bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical ratificó su
postura de avanzar en el esclarecimiento total de la real evolución del proyecto
energético Ingentis y consideró que el análisis de la documentación colectada
encuadraría a los responsables en figuras del Código Penal.
“No compartimos las propuestas de interpelar a ningún ministro sobre
esta cuestión, ya que entendemos que son suficientes los argumentos y pruebas
para presentar una denuncia penal”, señaló el diputado Carlos Lorenzo.
El proyecto energético Ingentis, originalmente destinado a instalar
una central térmica combinada en Dolavon y a generar 1200 puestos de trabajo con
una millonaria inversión en dólares, según los anuncios oficiales, reconoce su
origen en un convenio firmado en noviembre de 2006 entre los gobiernos nacional,
provincial y la empresa Emgasud S.A.
Lorenzo mencionó la posibilidad de investigar los resultados de la
intervención accionaria del Estado Provincial, cuyas pérdidas serían
millonarias, a la luz de las figuras de malversación de caudales públicos (art.
260 y 262 del Código Penal) y también como partícipes primarios del delito de
administración fraudulenta del artículo 173 inc. 7 ó art. 174 inc. 4.
Acerca de la difusión de un pedido de informes del Tribunal de
Cuentas de la Provincia, el diputado provincial mostró su acuerdo en que “se
avance también en las responsabilidades que han tenido sus integrantes en este
tema”.
“El pedido difundido es totalmente extemporáneo. La plata de todos
los chubutenses ya se ha gastado hace dos años y a pesar de las presentaciones
hechas no se ocuparon de la cuestión”, enfatizó.
“El llamativo comportamiento del Tribunal de Cuentas aparece como un
efecto de los resultados electorales del 20 de marzo. Su repentino interés no lo
exime de la dejadez que mostró a pesar de las advertencias”, añadió.
El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical ya había advertido
en la sesión legislativa en la que se aprobó un pedido de informes presentado
por el diputado justicialista Javier Touriñán sobre la evolución del
emprendimiento y la participación accionaria de la provincia, especialmente a
partir del anuncio oficial de la compra del 50 % al holding privado mayoritario
que interviene en la iniciativa.
El bloque radical participó y fijó su postura en el debate con la intervención de los diputados Carlos Lorenzo y Roberto Risso, quienes señalaron
la preocupación del sector por esclarecer la marcha del proyecto y el desinterés
del Poder Ejecutivo en responder pedidos de informes anteriores presentados en
la Legislatura Provincial.
En marzo último, asimismo, ante expresiones públicas del ex ministro
Norberto Yauhar, la Unión Cívica Radical insistió en que más que “una mala
inversión estamos frente una actividad dolosamente urdida con un objetivo de
defraudación” y condenó el comportamiento del ex funcionario provincial por
responder a la urgente necesidad de “querer sacarse el lazo de encima”.
