El secretario de Gobierno de Comodoro Rivadavia dijo que la problemática de la ocupación de tierras es grave y que tales asentamientos rayan lo clandestino y lo ilegal, propiciando acciones delictivas, por la facilidad para ocultarse.
En declaraciones a Radio Del Mar, Jorge Echelini sostuvo que hace mucho tiempo se habla de la flexibilidad en cómo se mira el Código Procesal y los problemas que ello acarrea, ejemplificando con la fuga de uno de los imputados en el crimen del empleado bancario.
Acerca de lo que dijo el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Pfleger, sostuvo que “con pedir disculpas no alcanza” y que “la Justicia tiene que hacer una autocrítica seria. E incluyó a los abogados como él. “Hay que hacer un cambio de conciencia para ver qué está pasado, cambiar las leyes, el Código Procesal y avanzar con pautas objetivas”, señaló.
En tal sentido, expresó que si otorgan al juez la capacidad para medir la peligrosidad de las personas, pasa lo que se está viendo en los diarios, y que por ello deben dar una guía legal para que los jueces sepan cuando dictar la preventiva o no”.
Echelini dijo que “siempre falta la presencia del Estado porque tenemos una ciudad que ha crecido demográficamente. Pero esto no quiere decir que el Estado no esté. En todo caso está retrasado en la respuesta. Si el tema que nos convoca son las 1008, actuamos desde hace dos años para regularizar el sector y de prohibir asentamientos ilegales. En algunas ocasiones con éxito y en otras no”.
“Lo que falla es la respuesta rápida ante los asentamientos. El municipio no responde con rapidez. Se puede responder cuando el caso es uno, pero cuando son siete en simultáneo resulta muy complicado. Hubo una cultura masiva de toma de tierras ilegalmente. Por otro lado tenemos una justicia que tiene procesos muy lentos. La respuesta de la justicia demora y eso complica las cosas”.
“Comodoro sufre la bonanza económica frente a varias zonas del país, lo que capta que venga mucha gente. Se hace difícil ser estricto cuando están de por medio chicos y personas de la tercera edad”, consideró.
Sostuvo que “la ocupación de tierras para la justicia es delito si se avanza sobre algo que le impide el ingreso al ocupante. Se cortan alambrados o se rompen las puertas. Si no, no se configura como delito. Esto debería hacer estudiar las leyes vigentes para ver qué hacer. Los legisladores tendrán que ver cómo facilitar la acción de la policía y del municipio para evitar los asentamientos ilegales”.
Agregó que “no podemos pensar que esto se resuelve levantando a la gente y llevándola a otro lugar. Después está el tema de adónde van. En las 1008 detectamos casos de familias donde tienen cuatro hijos y otro en camino. Como trata este tema? La problemática nos supera y habrá que ver qué hace la próxima gestión. Acá tendrá que trabajar un equipo interdisciplinario donde este la justicia, el municipio y la provincia”.
