Durante el debate legislativo sobre el uso de dispositivos móviles en lugares de detención, el diputado provincial Juan País expuso una serie de observaciones al proyecto y advirtió sobre temas estructurales pendientes en el sistema penitenciario de Chubut.
En su intervención, el legislador señaló que existen al menos dos cuestiones que siguen sin resolverse en la provincia: la ausencia de una ley de ejecución penal específica y la falta de un servicio penitenciario diferenciado que permita formar adecuadamente al personal encargado de la custodia de reclusos.
País sostuvo que acompañará el despacho, aunque aclaró que persisten aspectos que deberían ser abordados con mayor profundidad. En ese sentido, cuestionó que se pretenda resolver un problema mediante argumentos que no atacan el origen de los delitos.
“El problema central no es la autorización de dispositivos, sino el ingreso clandestino de teléfonos a comisarías, alcaidías y cárceles. Si no se refuerzan los controles de manera decidida, los delitos se van a seguir cometiendo aun con la mejor legislación del mundo”, advirtió.
El legislador también remarcó la necesidad de mejorar los sistemas de información y estadísticas en la provincia, al señalar que muchas decisiones se toman sin contar con datos confiables y actualizados.
“Si queremos tomar decisiones de mediano y largo plazo y tener verdaderas políticas de Estado, necesitamos estadísticas. No debemos confundir casos aislados con información estadística”, expresó, al tiempo que cuestionó la falta de respuestas a pedidos de informes que buscan acceder a información pública.
Asimismo, destacó la participación de la Defensoría en el tratamiento del proyecto, que permitió introducir modificaciones para evitar posibles inconstitucionalidades. Sin embargo, consideró que el abordaje fue insuficiente en algunos puntos clave.
En particular, País puso el foco en el artículo 3 de la norma, que establece las excepciones para el uso de dispositivos autorizados en el marco de comunicaciones institucionales, programas educativos, laborales, sanitarios o de reinserción.
En ese marco, consideró que la ley debería haber avanzado en garantizar de manera explícita el acceso a internet con fines educativos para las personas privadas de la libertad.
“El acceso a internet es reconocido desde 2011 como un derecho humano por la ONU. Restringir dispositivos no implica garantizar el acceso a la educación, y esta era una buena oportunidad para hacerlo”, afirmó.
Finalmente, subrayó que la evidencia en otras provincias demuestra que los reclusos que acceden a educación y formación presentan tasas de reincidencia significativamente menores, por lo que insistió en la importancia de incorporar este enfoque en la legislación.
