El diputado provincial de extracción petrolera Carlos Gómez, remarcó que el Secretario General de Petroleros Privados, Jorge Ávila, ha pedido que transmitan el cuadro de situación al día de la fecha en función de todos los problemas que debieron afrontar ayer, cuarto día hábil de abril, donde todas las empresas debían estar cancelando los sueldos de marzo, algo que no pudieron completar en su totalidad.
“Tanto él -Ávila- como José Llugdar están gestionando desde el lunes para que las operadoras puedan anticipar la ayuda financiera para que las contratistas y subcontratistas puedan disponer del capital para hacer frente a las obligaciones de pago de salarios y de aportes patronales, teniendo en cuenta que la demora en la reactivación de equipos está generando una situación de quebranto en ellas”, señaló.
Gómez recordó que “ayer pudimos fiscalizar con toda la Comisión y Delegados todas las empresas que pudieron cancelar los sueldos a última hora de ayer y algunas que al día de hoy tenemos todavía con retención de servicios con paros tanto en el yacimiento como en las bases, porque hay empresas que apenas pudieron depositar el 50 ó 60 % del sueldo y esperan la transferencia de las operadoras para poder cancelar el 100 % de la diferencia”.
“Esto se ha planteado ante el Gobierno nacional y el gobernador de la provincia a los fines de fijar una posición firme para el lunes porque la que tiene que fiscalizar y hacer cumplir el acuerdo de febrero es Nación. Por algo pone y reconoce un incentivo de 7,5 dólares por barril exportado para nuestro Petróleo Escalante”, enfatizó Gómez.
En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, Gómez expresó que “la diferencia que pueda tener cada operadora con Nación en función de la demora del pago de estos incentivos, retroactivos a enero, son problema comercial de operadoras y contratistas, pero no pueden transmitirle al trabajador y a las empresas contratistas, PyMEs, las consecuencias de esta demora de los pagos de los acuerdos firmados”.
Ante eso, agregó finalmente que “el lunes la reunión va a ser trascendental y durísima porque se le va a exigir al Gobierno nacional y a las operadoras que cumplan con el compromiso asumido, que habiliten la reactivación de equipos, y que también reconozcan la caída de facturación de las empresas que origina esa demora, poniendo en peligro toda la cadena de pago de proveedores y del comercio local de Comodoro, Rada Tilly y Sarmiento”.
