El Procurador General de Chubut, mediante un comunicado de prensa, indicó: “El funcionario político Sr. José Glinski efectuó declaraciones públicas sobre la situación de los detenidos en Comodoro Rivadavia y una reciente resolución judicial. Criticó la posición sostenida por el Ministerio Público Fiscal que conduzco, al decir que no presentó ningún tipo de “instrumento legal”, para evitar la liberación de los presos según expresamente refirió.
Acerca de ello, sostengo que lejos de arrimar soluciones a los graves “problemas que debe gestionar en las altas funciones que desempeña, el Sr. Glinski desinforma a los ciudadanos, intentando sacar la pelota de su cancha, si se me permite la metáfora”, arguyó el Dr. Jorge Miquelarena.
“No es ocioso recordar que el Ministerio Público Fiscal protege los intereses generales de la sociedad y persigue el cumplimiento de la ley. Cuando por sentencia judicial se decide que una persona que cometió un delito debe ir a prisión por un tiempo determinado, los Fiscales del Chubut velarán porque así se cumpla, ejerciendo todos los medios legales para lograrlo”, indicó.
Y adujo que “en el caso, en la audiencia del pasado 12 de junio los Fiscales se opusieron a la liberación anticipada, expresando ante el Juez conocer la situación de hacinamiento en los lugares de detención de la ciudad. Sostuvieron que la detención de personas debe desarrollarse en condiciones de dignidad, pero se sobrepone a esa situación el cumplimiento de la ley. Nada justifica la adopción de medidas que no se ajusten al régimen legal de ejecución penal, liberando anticipadamente a condenados, con el riesgo que su soltura anticipada acarrearía a la sociedad”.
“Ahora bien, el Estado satisface las necesidades públicas bajo un sistema de organización constitucional que distribuye funciones a distintos órganos públicos. Cuando cada órgano cumple con las funciones que tienen asignadas, se puede decir que el Estado cumple. Cuando alguno de ellos falla, el sistema queda trunco, el engranaje se avería y no genera el movimiento esperado”, amplió el Procurador.
Miquelarena sostuvo que desde el inicio de su gestión viene planteado la necesidad de que se cuente con lugares dignos para el cumplimiento de condenas privativas de libertad. “Lograr ese objetivo compete tanto al Poder Legislativo, con la sanción de leyes y la asignación de recursos, como al Poder Ejecutivo, que debe administrar eficiente y eficazmente esos recursos. La gestión de gobierno actual fue anoticiada y advertida en reiteradas oportunidades (Notas N° 104/2012 PG, del 25/06/2012, N° 14/13 PG del 26/02/2013, N° 154/13 PG del 31/10/2013, por citar algunas) que las dependencias policiales de Comodoro Rivadavia no reunían los requisitos constitucionales de dignidad (arts. 51 de la Constitución del Chubut y 18 de la Constitución Nacional)”, aseveró. Y añadió que “el tema no es novedoso y no ha sido resuelto por quienes tienen la capacidad política operativa para resolverlo, que ciertamente no es el Ministerio Público Fiscal. Los órganos competentes del Poder Ejecutivo deben gestionan y solucionan este problema, de larga data. Los Fiscales continuarán velando por el interés general de la sociedad, el cumplimiento de las sentencias judiciales y de la ley”.
Posturas enfrentadas
Según el comunicado de Miquelarena “la resolución judicial da cuenta de esta demora y de esta inacción por parte de las autoridades políticas. Dice que el conflicto no es novedoso; que desde el 1 de octubre de 2013 se le concedió a la autoridad carcelaria un término prudencial para buscar soluciones, sin que siquiera se hubiera obtenido una respuesta”.
Y reza además que “para agregar desconcierto a la preocupante situación podemos leer que se informa en declaraciones periodísticas que se realizó una inversión de 70 millones de pesos en Comodoro Rivadavia, de otros 70 millones de pesos más en la zona de la cordillera en infraestructura… lo único concreto es que, hoy por hoy, no hay respuestas concretas. La responsabilidad ciertamente no es de los Fiscales, que se han opuesto a la liberación anticipada de condenados cuando no se dan las condiciones, propiciando el cumplimiento de la ley en defensa del interés general”.
En tal sentido, indicó que “queda en evidencia la contradicción del discurso político que propicia y pide más condenas, argumentando que con ello se logrará más seguridad pública, pero que poco y nada hace para que esas penas puedan cumplirse bajo estándares constitucionales de dignidad”.
Como remate de la nota por él firmada, manifestó que “en línea con todo lo antes expuesto e intentando llevar tranquilidad a los ciudadanos, los Fiscales del Chubut mantendrán esta postura frente al asunto, valorando en cada caso concreto las resoluciones que se dicten, intentando la revisión de aquellas que no cumplan con lo que dicta la ley”.
