El Gobierno discute puertas adentro hasta dónde avanzar en los acuerdos electorales que negocia con gobernadores y aliados para 2027. La letra chica excede el reparto de candidaturas: en la Casa Rosada analizan reclamar vicegobernaciones, intendencias de las capitales provinciales, participación en los gabinetes, lugares centrales en las listas al Senado y compromisos vinculados con fondos y obras.
La decisión final está concentrada en Karina Milei, que mantiene el control del armado nacional de La Libertad Avanza y define qué entendimientos reciben el visto bueno. Eduardo “Lule” Menem funciona como uno de sus principales interlocutores: habla con mandatarios y dirigentes provinciales y le acerca a la secretaria general las distintas propuestas que aparecen distrito por distrito.
La discusión interna pasa por cuánto territorio exigir a cambio de acompañar la continuidad de un gobernador aliado. En algunos borradores aparecen la candidatura a vicegobernador, la intendencia de la capital provincial y una participación cercana a la mitad del gabinete. El Gobierno también pretende preservar espacios relevantes en las listas al Senado y, en cambio, se muestra más dispuesto a realizar concesiones en las nóminas de diputados nacionales.
Ese último criterio está relacionado con el esquema de colectoras que impulsa el Ejecutivo, aunque en Balcarce 50 reconocen que todavía está lejos de quedar cerrado. La herramienta permitiría que candidatos legislativos de gobernadores sin postulante presidencial acompañen la boleta de Javier Milei. “Las colectoras son para los gobernadores que no tienen candidato a presidente. Que presenten uno sino y compitan”, expresan en Nación.
Los entendimientos también tienen una dimensión vinculada con los recursos nacionales. El Ejecutivo analiza ATN, obras, mecanismos financieros y otros instrumentos dentro de la relación con las provincias. El Gobierno ya reactivó durante este año adelantos financieros y transferencias del Tesoro: después de dos meses sin distribución, seis provincias recibieron $5000 millones de ATN cada una y también se ampliaron convenios de asistencia financiera.
El mapa patagónico muestra las diferencias entre cada negociación. En Tierra del Fuego, La Libertad Avanza se prepara para competir contra la fuerza del gobernador Gustavo Melella. En Santa Cruz, la Casa Rosada tampoco proyecta un entendimiento con Claudio Vidal: en despachos nacionales consideran que perdió fortaleza dentro de su propia estructura política y en las mediciones que manejan. “No tiene ni el apoyo de los propios”, sostienen.
La situación es distinta en Chubut, donde, pese a las tensiones iniciales y a los cuestionamientos públicos de Ignacio Torres, existe un borrador de entendimiento que Karina Milei analiza en detalle. “El acuerdo con Chubut es muy tentador”, expresan en Nación. Si finalmente no prospera, el oficialismo mantiene como alternativa competir con César Treffinger.
En Río Negro, el Gobierno prevé enfrentar a Alberto Weretilneck sin un acuerdo electoral, y en Neuquén proyecta una estrategia similar. En la Casa Rosada destacan el potencial económico de esta última provincia -a la que algunos funcionarios denominan internamente “la Dubai argentina”- y sostienen la candidatura de Nadia Márquez, una dirigente de vínculo directo con Karina Milei. En La Pampa, en tanto, buscan reunir aliados alrededor de una eventual candidatura del vocero presidencial, Adrián Ravier.
Mendoza concentra una de las negociaciones más complejas. El oficialismo conversa con Alfredo Cornejo sobre los términos de una eventual PASO y sobre la distribución de intendencias. “Vamos a un esquema en general de mitades”, aseguran en Nación. El vínculo, sin embargo, atraviesa tensiones porque el gobernador radical no quiere que Luis Petri dispute la sucesión provincial.
En San Juan y San Luis, la Casa Rosada proyecta acuerdos con los oficialismos locales, aunque reconoce mayores fricciones en la conversación con Claudio Poggi. En Córdoba, por el contrario, la estrategia consiste en construir una coalición con sectores aliados para competir contra el peronismo de Martín Llaryora, con Gabriel Bornoroni como principal candidato libertario para la gobernación.
El Ejecutivo también prevé un entendimiento con Maximiliano Pullaro en Santa Fe y con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. En Chaco, la intención es renovar la alianza con Leandro Zdero, pero mantener presencia propia en el principal distrito municipal: la Casa Rosada pretende impulsar un candidato libertario para la intendencia de Resistencia.
La lógica cambia nuevamente en el norte. El oficialismo se prepara para competir contra los gobernadores de Salta, Tucumán, Jujuy y Catamarca, además de presentar alternativas propias en La Rioja, Formosa y Misiones. También prevé competir en Santiago del Estero y en Corrientes, aunque esta última provincia no elegirá gobernador en 2027 y el armado estará concentrado en las categorías nacionales.
La provincia de Buenos Aires tendrá un acuerdo de mayor volumen, según proyectan en el Gobierno. La intención es reunir a La Libertad Avanza, sectores del PRO y de la UCR para disputar la gobernación al peronismo. Ese esquema contempla concesiones más amplias que en otros distritos porque en Balcarce 50 consideran que unificar a los aliados es condición necesaria para tener posibilidades de ganar la provincia.
El armado territorial está además directamente conectado con la estrategia del Gobierno en el Senado. Después de las dificultades que atravesó con la Ley de Propiedad Privada, la Casa Rosada busca reconstruir una mayoría más previsible sobre la base de los senadores libertarios, la UCR y el interbloque Impulso País. La apuesta es que los acuerdos electorales con fuerzas aliadas tengan también una traducción parlamentaria durante los próximos meses.
La principal discusión interna, sin embargo, sigue abierta: cuánto involucrarse en los gobiernos provinciales que La Libertad Avanza pueda integrar sin tener la conducción formal. Un sector impulsa reclamar la mayor cantidad posible de ministerios, intendencias y espacios de gestión; otro advierte que compartir administraciones puede obligar al partido a asumir costos por decisiones ajenas y dificultar después la construcción de una alternativa propia. “Nos complica para competir después en 2031”, resumen en Nación.
