El vicegobernador del Chubut, Gustavo Menna, brindó este miércoles una conferencia de prensa en la que confirmó que la Legislatura rechazó la publicación en el Boletín Oficial de una Resolución sin aval de la Presidencia de la casa de las leyes ni de los diputados provinciales, y por la cual se otorgaban 55 recategorizaciones de personal. La publicación, con fecha 8 de noviembre, se realizó en el Boletín Oficial de ayer martes.
Menna dio a conocer que, tras un reclamo realizado por la Asesoría Legal de la Legislatura, la Dirección de Registro del Chubut admitió que la publicación se había realizado por “un error”, ante lo cual el vicegobernador adelantó que se accionará para determinar las responsabilidades del caso.
La conferencia de prensa se realizó en la sala de audiencias de la Presidencia de la Honorable Legislatura del Chubut, donde Menna estuvo acompañado por los 16 diputados del bloque oficialista, incluidos Luis Juncos, vicepresidente primero de la Cámara, y Daniel Hollmann, presidente de la bancada.
“Creemos en la carrera administrativa y en el respeto al personal de esta Legislatura”, afirmó el vicegobernador.
Y explicó que la Resolución publicada en el Boletín Oficial pertenece a la Comisión Paritaria Permanente del Convenio Colectivo de la Legislatura.
Sin valor jurídico
“En primer lugar, esa publicación no tiene ningún valor jurídico. Las resoluciones que adopta la Comisión Paritaria Permanente en materia de personal, designaciones o categorizaciones, como en este caso, no son autosuficientes. El propio Convenio Colectivo establece que, una vez emitidas, pasan a la Presidencia de la Legislatura para que emita los actos administrativos correspondientes”, precisó.
Además, añadió: “Si la Presidencia aprueba, como toda Resolución, tiene que pasar al pleno de la Legislatura para que la apruebe o desapruebe. Así lo establece el reglamento de esta casa. Y, sobre todo, así lo establece la Constitución de la Provincia, que es norma suprema y dice que todo lo vinculado a las designaciones de personal, promociones de personal y al personal de la Legislatura, es competencia de los diputados reunidos en sesión. Artículo 135, inciso 4”.
Secreto de Estado
“En este caso -enfatizó- no pasó nada de eso: cuando ayer (por este martes) se publicó esta Resolución disponiendo 55 categorizaciones, nos sorprendió”.
Recordó que “esa acta era prácticamente un secreto de Estado: a la diputada (María Andrea) Aguilera le fue negado el acceso a la Comisión Paritaria cuando deliberó el 8 de noviembre. Luego no le quisieron entregar lo resuelto. Tuvo que ir a la vía judicial. Planteó un amparo, que ganó. Es inaceptable que un diputado o que cualquier habitante de esta provincia no pueda conocer decisiones de este tipo”.
Ante la publicación, dijo, “consultamos el registro de resoluciones de esta Presidencia. No había ninguna resolución aprobatoria de lo actuado por la Comisión Paritaria. Consultamos el registro de resoluciones de la Cámara, tampoco había ninguna resolución aprobatoria. Entonces no podía ser publicada porque no hay nada para publicar”.
Agregó que incluso se comunicó con el saliente vicegobernador, Ricardo Sastre: “La verdad sea dicha, Ricardo Sastre me ratificó que él no había aprobado ni había emitido ninguna resolución aprobatoria”.
“Un error”
“Confirmado esto, nos comunicamos con el Boletín Oficial y nos admitió que fue un error. No debía publicarse”, insistió.
En este sentido aclaró: “Evidentemente esa resolución de la Comisión Paritaria existió, pero no era susceptible de publicación”.
Añadió que “el Boletín Oficial ayer (martes), a última hora de la tarde, nos envió una nota planteando las disculpas del caso, haciendo todo el análisis jurídico. Y nos adelantó que mañana (jueves) va a publicar una fe de erratas. Con lo cual, es asunto liquidado. No hay ninguna categorización”.
Carrera administrativa
En este sentido aclaró: “No juzgo el contenido de lo actuado. Pero se pretendió hacer categorizaciones sin concurso, de gente que fue designada hace muy poco tiempo y se salteaba varias categorías, y de familiares. Esto no implica tampoco juzgar a las personas presuntamente beneficiadas, es una cuestión aparte”.
“Nosotros creemos en la carrera administrativa y en el respeto al personal de esta Legislatura. Y, de hecho, hemos tomado la decisión de que aquellas vacantes que deban ser cubiertas se determinará cubrirlas llamando a concurso, como manda el Convenio Colectivo”, dijo.
Y enfatizó: “Es lo que corresponde porque garantiza la igualdad ante la ley, que se acceda a los lugares por mérito, garantiza transparencia y que se respete a la gente que hace muchos años que está haciendo carrera. Y no puede ser que se le meta a nadie por la ventana, por política, por familiaridad o por lo que sea. Nosotros no estamos contra nadie: respetamos a la entidad sindical, respetamos al personal de la casa y queremos que se respeten las normas que regulan la relación de empleo público”.
Investigación sumarial
Por ello, adelantó: “Vamos a iniciar un proceso de investigación sumarial porque no puede ser que tan livianamente se publique algo así en el Boletín Oficial. El Boletín Oficial solo publica leyes aprobadas por Legislatura, decretos aprobados por el Poder Ejecutivo, resoluciones dictadas por ministros, edictos judiciales, y demás instrumentos legales. No es que cualquiera pasa por la puerta del Boletín Oficial y publica algo”.
“Evidentemente ha habido una mano negra y queremos saber quién de esta casa fue. Porque no ha sido la Presidencia actual y no ha sido la Presidencia anterior, que son los dotados de competencia para hacer este tipo de publicaciones”, señaló.
“Hay un responsable”
En tanto, Daniel Hollmann manifestó que lo sucedido “no va en línea con las cuestiones que venimos manifestando”.
“La realidad es que evidentemente hay un responsable. Nuestra primera reacción fue frenar estas recategorizaciones, pero no va en perjuicio de los trabajadores legislativos. Todo lo contrario: queremos fomentar y aclarar bien cuáles son las reglas de juego. Nadie puede venir y tomar decisiones sin que pasen por el filtro orgánico que tiene la Legislatura”, señaló.
Hizo hincapié en que “los cargos o las recategorizaciones se tienen que hacer por concurso. Tenemos que cumplir con el Convenio Colectivo de Trabajo. Lo que nos llama la atención es que alguien se haya tomado el trabajo de ir hasta la Dirección de Registro, llevar esta resolución, que carece de toda validez, y que la Dirección de Registro la haya publicado en el Boletín Oficial”.
“Un Gobierno tiene que ser totalmente transparente. Y me parece que este tipo de actitudes y de acciones tienen que ver con coletazos que vienen de un Gobierno de hace 20 años, con este tipo de desmanejos. Nosotros no lo vamos a permitir. Lo que corresponde es avanzar de una manera rápida y firme para que este tipo de cosas no se repitan”, finalizó.
