El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, trazó una definición fuerte sobre las excarcelaciones, luego de que el Gobierno presentara un plan de seguridad y declarara la emergencia en seguridad y en las cárceles.
El titular del STJ advirtió, entrevistado por la Agencia de Comunicación Institucional del Poder Judicial, que “para privar de su libertad a una persona, el juez debe garantizar que el lugar cumpla con los estándares mínimos fijados por el orden jurídico y las normas que garantizan un trato digno. Es preferible que una persona sometida a proceso curse un arresto domiciliario a que se la hacine en el infierno, porque eso sencillamente está prohibido para los jueces”, dijo para graficar el déficit de centros de detención.
En cuanto al anuncio de que el 15 de mayo se inaugurará la cárcel sobre ruta 3, el ministro consideró que el dato “para el Poder Judicial es aire fresco”. Aunque insistió con las carencias básicas sanitarias y alimentarias en las cárceles que lleva a que muchas veces se deba soltar a detenidos o encerrarlos en calabozos de comisarías. “Hemos visto –admitió- cómo los jueces han decretado solturas plurales por razón del hacinamiento o estándares mínimos de suministro de alimento, del servicio sanitario. Esos estándares hay que cumplirlos y es obligación de los jueces”.
También aceptó que hay condenas que se cumplen en comisarías: “Sí, hay personas con condenas firmes en esos calabozos”. Aunque aclaró que “muchas veces se hace por el propio beneficio del imputado. Un condenado de Sarmiento trasladarlo a Comodoro Rivadavia, que es un lugar mucho más virulento, con un régimen paralelo de los propios detenidos. Alguien que fue condenado por estafa mandarlo a un lugar de esas características no parece muy razonable. Sí parece serlo que esté en una comisaría a pocas cuadras de donde vive su familia”.
Panizzi se refirió a las dificultades para alojar presos en cárceles federales. “La administración provincial anterior no cumplió los compromisos con el Gobierno nacional y dejó una deuda importante, entonces dejaron de recibir a los detenidos de provincia en estos establecimientos”.
“Es un problema de arrastre, reformular la infraestructura de los lugares de detención y adecuarlos a los estándares es muy oneroso. No está en manos del Poder Judicial resolver esto, porque no se tiene una partida para los centros de detención ni dependen del Poder Judicial”.
