Cuestionó la condonación de los pasivos ambientales históricos, advirtió sobre el incumplimiento del Acuerdo de Escazú y exigió que las operadoras recompongan el suelo en lugar de monetizar el daño.
Un colectivo de abogados ambientalistas de Chubut, en patrocinio del vecino comodorense Jorge Espíndola y junto con la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) —referenciada a nivel nacional por el Dr. Enrique Viale—, impulsan un recurso de amparo judicial para frenar el convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia del Chubut y la empresa YPF tras su salida de las áreas maduras del Golfo San Jorge.
Actualmente, el expediente se encuentra a la espera de una resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para ratificar la competencia del Juzgado Federal de Rawson, instancia que ya cuenta con un dictamen favorable emitido por la Fiscalía Federal.
«El punto fundamental de esta presentación es declarar nulo el acuerdo que le perdona los pasivos ambientales a YPF y la deja protegida frente a cualquier reclamo futuro», explicó el abogado Eduardo Hualpa en declaraciones a Radiocracia. Según el letrado, la negociación se realizó «sin la participación ciudadana obligatoria, sin la intervención técnica del Municipio de Comodoro Rivadavia y sin información pública transparente».
Exigen recomposición del ambiente y alertan por el precedente hacia otras empresas
Uno de los ejes más firmes expuestos por el Dr. Hualpa reside en la invalidez conceptual de canjear obligaciones de saneamiento ambiental por desembolsos de dinero e inmuebles. «La prioridad constitucional es que las empresas recompongan el ambiente dañado, no monetizar la contaminación. No se puede permitir que una empresa de pronto diga ‘me voy, te dejo unos mangos y arreglate vos’ para solucionar problemas históricos que afectan la salud y la convivencia social», enfatizó.
En ese sentido, el colectivo de abogados —del que forman parte reconocidos juristas locales como Gastón Acevedo, Marcos Rojas Castro, Verónica Heredia y Raúl Heredia— alertó sobre el peligro de sentar un precedente negativo para el resto de las operadoras hidrocarburíferas y de otras industrias de la provincia.
«Si se convalida este acuerdo aprobado a las apuradas en la Legislatura, se le envía un mensaje pésimo al resto de las empresas que siguen operando. Se genera el riesgo de condonar pasivos futuros y perpetuar prácticas contaminantes sin ningún tipo de control», sostuvo Hualpa, haciendo hincapié en que Argentina se encuentra suscrita desde 2022 al Acuerdo de Escazú, norma de rango superior que exige información, participación ciudadana y acceso libre a la justicia ambiental.
Severas críticas a los organismos de control estatal
Durante la entrevista, el profesional ambientalista marcó falencias estructurales e históricas por parte del Estado provincial a la hora de hacer cumplir la legislación ambiental vigente en la región patagónica.
«Cualquiera que conozca Comodoro Rivadavia sabe que hay una cantidad enorme de pozos sin cerrar, piletas sin protección y pasivos regados por toda la ciudad. Las normas existen, pero hace falta que los organismos de control funcionen con responsabilidad, energía y apliquen la ley», aseveró Hualpa.
Finalmente, el referente jurídico remarcó la importancia de la movilización social e instó a la dirigencia de Chubut a tomar la situación de Comodoro como una causa provincial. «Comodoro ha sido el motor económico de la provincia durante décadas y no se la ha cuidado. El cuidado del ambiente no es solo un reclamo del presente, sino una obligación ética hacia las generaciones venideras», concluyó.
