Más de 400 chicos afectados por el síndrome autístico, según un relevamiento de padres e Comodoro Rivadavia, aguardan la reglamentación de una ley promulgada hace once años en Chubut pero que por falta de decisión del Poder Ejecutivo les impide acceder a un sistema de protección integral junto a sus familias.
La espera, jalonada por intensas gestiones y reiteradas solicitudes al gobernador Mario Das Neves y otras autoridades, motivó una denuncia ante el INADI por discriminación ante la falta de atención de los reclamos, según anticipó el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical en la última sesión legislativa.
Además del mandatario provincial, la denuncia alcanza al Secretario de Salud, Ignacio Hernández y a los miembros de la Cámara de Diputados de la Provincia.
La diputada Marta Raso introdujo este tema al que denominó “un hecho recurrente en los últimos tres años de tarea legislativa” con referencia a la solicitud de reglamentación de la ley I – 207, promulgada en diciembre de 1999, recordando que la norma instituyó un sistema destinado a las personas autistas y sus familias, con el fin de garantizarles asistencia médica, protección social, educación y capacitación para su eventual formación profesional e inserción laboral.
Raso exhortó a “demostrar nuestra voluntad política” para que se cumpla con la ley a través de la aprobación de una resolución solicitando la inmediata reglamentación y criticó el desinterés del Poder Ejecutivo Provincial.
Prioridad a la publicidad
“Qué tipo de prioridades fija este Gobierno?”, se preguntó, planteando que mientras se desconoce el pedido de reglamentación “se destinan 2.758.800 pesos para publicidad de la gestión Das Neves en ‘shoppings’ de Capital Federal y Gran Buenos Aires o 160.000 pesos para financiar la visita de Susana Giménez”.
La diputada criticó también la prioridad dada a contrataciones directas para transporte aéreo vinculado con la campaña electoral nacional, mencionando el último gasto de 731.000 pesos con esa finalidad, o la afectación millonaria de fondos “para beneficiar a amigos” a través de aportes del Instituto Provincial de la Vivienda.
“Y, mientras tanto, esto sigue sin atenderse”, continuó con referencia a la demora en instrumentarse la ley dictada el 11 de diciembre de 1999.
Desinterés
El reclamo radical se tradujo en un pedido de tratamiento prioritario del proyecto de resolución presentado durante el corriente año, para insistir en la necesidad de reglamentación de la ley I – 207 en la sesión especial del próximo 21 de diciembre.
Raso, que tuvo el acompañamiento de sus pares de bloque y del resto de la oposición pero únicamente de la diputada justicialista Pierina Bissi, recordó que la reclamada reglamentación de la ley habilita la posterior generación de un espacio en Comodoro Rivadavia para la integración y el acceso al tratamiento, vedado hoy para la mayoría de los chicos autistas de aquella zona por la falta de reconocimiento de las obras sociales.
Valoró la reciente presentación de un proyecto sobre ese mismo tema por parte del senador nacional Marcelo Guinle, compartiendo la gravedad de esta enfermedad y la necesidad de la intervención estatal para garantizar una asistencia integral y las prestaciones a los afectados y contribuir a la mejoría de su calidad de vida.
La diputada Raso marcó también la incoherencia de la mayoría del bloque justicialista por “no querer aprobar una solicitud de reglamentación de una ley por considerarlo resorte del Poder Ejecutivo, mientras hoy mismo –aseguró- se impulsa un pedido de reglamentación al gobierno nacional”.
Insistencia de padres
La legisladora radical enumeró los sucesivos e insistentes proyectos tendientes a destrabar la indefinición del Poder Ejecutivo y la frustración por no haber sido atendidos por el bloque mayoritario en una actitud que desembocó en el archivo de las iniciativas, aludiendo también a los pedidos realizados por padres e instituciones de Comodoro Rivadavia, entre ellos audiencias con el mismo gobernador Mario Das Neves, como responsable de la decisión política suprema.
Cuestionó también las respuestas brindadas por el titular de la Secretaría de Salud, por “no ser acordes a las necesidades básicas, típicas y exclusivas de las personas que padecen de autismo”, señalando que “no es prudente dejar un tema tan específico librado a una simple analogía como se ha planteado”.
Una década de espera
La ley I N° 207 (antes 4542) instituyó hace más de una década un sistema de protección integral de las personas afectadas por el síndrome autístico y de su familia, con el fin de procurarles asistencia médica, protección social, educación y capacitación para su eventual formación profesional e inserción laboral.
La norma, que nunca se aplicó, enumera las características de las personas autistas y establece que tan condición será efectuada y certificada por el organismo que determine la Secretaría de Salud, mediante la intervención de profesionales especialistas en autismo, al igual que la calificación de familiares de afectados por el Síndrome autístico.
Las políticas de protección y asistencia impulsadas en 1999, sin embargo, nunca pudieron ser instrumentadas por la falta de reglamentación. Entre ellas se contemplaban prestaciones médico-sanitarias, educativas, deportivas y recreativas y ayuda social, además de acciones de difusión sobre el conocimiento del síndrome a través de los medios de comunicación, buscando despertar en la sociedad actitudes integradoras y cooperativas hacia los afectados por la enfermedad.
Con la Secretaría de Salud como autoridad de aplicación, a través del organismo de su dependencia que se determinara en la reglamentación, la ley previó también la integración de un Consejo de Coordinación y Asesoramiento en la materia compuesto también por representantes del Ministerio de Educación, de las áreas sociales de los Municipios que adhieran a esta ley, de las asociaciones de padres de autistas existentes en la Provincia y de otras organizaciones no gubernamentales relacionadas con la materia, en la forma que se determinara en la reglamentación de la presente ley.
Tal Consejo de Coordinación y Asesoramiento debería programar, coordinar y supervisar la planificación y ejecución de las actividades y prestaciones debidas por el Estado con la finalidad de asistir y recuperar al afectado por el síndrome autístico, en el marco de lo prescripto por esta ley.
