El Gobierno nacional se prepara para una definición importante en el reclamo por las Islas Malvinas, luego de que Argentina solicitara ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas urgentes para frenar la explotación petrolera impulsada por empresas vinculadas al Reino Unido.
La resolución está prevista para el sábado 28 de noviembre, tras las audiencias realizadas en Hamburgo, Alemania. La presentación argentina apunta principalmente a impedir nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura relacionada con el proyecto Sea Lion, desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte.
Desde Casa Rosada contemplan tres escenarios posibles: una resolución favorable, una aprobación parcial de las medidas solicitadas o el rechazo del planteo argentino. En cualquiera de los casos, el Ejecutivo asegura que continuará utilizando las herramientas jurídicas y diplomáticas disponibles.
Uno de los principales argumentos argentinos es que la extracción de recursos naturales podría generar consecuencias irreversibles, además de posibles impactos ambientales. Por su parte, el Reino Unido cuestiona la jurisdicción del tribunal y sostiene que no existe una urgencia que justifique las medidas.
En paralelo, el Gobierno evalúa nuevas sanciones contra empresas vinculadas a la explotación petrolera y busca avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La decisión del 28 de noviembre será una instancia importante para el reclamo argentino, aunque no resolverá la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, sino la posibilidad de establecer medidas provisionales para proteger los recursos naturales mientras continúa el proceso judicial.
